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Zona Fría: Jimena López cuestionó los cambios del Gobierno y pidió tarifas “justas y razonables”
15:24 | En el marco del tratamiento en comisión del proyecto, la diputada nacional del Frente Renovador advirtió que las modificaciones impulsadas por Nación podrían reducir el alcance de los beneficios para millones de usuarios. También reclamó respuestas por las demoras en el acceso a la garrafa social.
En medio del debate legislativo por el régimen de Zona Fría, la diputada nacional bonaerense Jimena López planteó un fuerte cuestionamiento a las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional y advirtió sobre el impacto que podrían tener en el bolsillo de millones de familias.
Durante su exposición en la reunión conjunta de las comisiones de Energía y Presupuesto, la legisladora del Frente Renovador manifestó su preocupación por los cambios propuestos sobre el esquema vigente, al considerar que reducen el alcance de los beneficios mientras se mantienen e incluso se profundizan los recargos destinados a financiar el fondo.
López sostuvo que el manejo de los servicios básicos “no puede quedar a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo”, porque se trata de prestaciones esenciales para la ciudadanía.
La diputada, oriunda de Necochea, puso el foco en el aumento del recargo aplicado durante 2025. Según señaló, el Gobierno nacional incrementó en cinco oportunidades ese componente destinado a financiar el régimen, hasta llevarlo a su máximo legal. Además, cuestionó que en abril el Ejecutivo se haya arrogado la facultad de elevarlo hasta un 11,25% sin pasar por el Congreso.
El planteo apunta directamente al corazón de la discusión: quién define el costo real de los servicios públicos, bajo qué criterios y con qué controles. Para López, no puede haber traslado automático de costos a los usuarios sin intervención estatal ni debate parlamentario, especialmente cuando se trata de servicios monopólicos operados por empresas privadas.
En ese sentido, reclamó el cumplimiento del artículo 42 de la Constitución Nacional, que establece la obligación del Estado de proteger a usuarios y consumidores, controlar los monopolios y garantizar servicios públicos de calidad. La legisladora remarcó que las tarifas deben ser “justas y razonables”, una definición que, aunque suene básica, suele convertirse en campo de batalla cada vez que llega una boleta de gas.
El régimen de Zona Fría contempla beneficios tarifarios para usuarios de regiones donde las bajas temperaturas generan un mayor consumo energético. Por eso, cualquier modificación en su alcance tiene un impacto directo sobre hogares que dependen del gas para calefaccionarse, cocinar o sostener condiciones mínimas de habitabilidad durante los meses más crudos del año.
López también pidió precisiones sobre la situación de las personas más vulnerables que acceden al subsidio destinado a la compra de la denominada garrafa social. Según expuso, el beneficio mensual de $9.500 presenta demoras de hasta 61 días en su aprobación a través de la aplicación Mi Argentina, sin validación a la fecha en muchos casos.
La diputada advirtió que esta demora deja afuera de la cobertura justamente a quienes más necesitan acceder a esa política pública. El dato no es menor: mientras se discuten recargos, fondos y rediseños administrativos, hay familias que dependen de una garrafa para resolver necesidades básicas y que quedan atrapadas en trámites digitales que, en la práctica, funcionan como una barrera de acceso.
