Cierre del PEVI: Rodríguez advierte por la crisis de la vitivinicultura y la pérdida de viñedos

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, cuestionó la decisión del Gobierno nacional de dar por finalizado el Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI) y ordenar el cese de las contribuciones que lo financiaban. Para el funcionario, la medida implica un retroceso para toda la cadena vitivinícola y limita el rol de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar).

La resolución fue celebrada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien la enmarcó en el proceso de reducción de estructuras y fondos sectoriales impulsado por la gestión de Javier Milei. Desde el Ejecutivo nacional sostienen que se busca eliminar organismos y programas considerados innecesarios.

Rodríguez reconoció que es posible discutir mejoras en el funcionamiento de Coviar y del PEVI, pero diferenció esa discusión de desmantelar la herramienta sin ofrecer alternativas. “Toda política pública puede perfeccionarse, pero otra cosa muy distinta es decidir directamente desarmar una herramienta estratégica para el sector sin construir alternativas para el desarrollo vitivinícola”, afirmó.

El ministro bonaerense advirtió que en los últimos dos años la cantidad de viñedos en producción se redujo en más de 2.000. Atribuyó esa caída a la política macroeconómica y sostuvo que la vitivinicultura requiere más coordinación, financiamiento y acompañamiento público. “El problema no se resuelve desmantelando instituciones como celebra Sturzenegger”, señaló.

Rodríguez también alertó sobre el achicamiento de organismos clave para el sector. Mencionó la reducción de la estructura del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y recordó que, de no haber mediado una medida cautelar, este año se habría eliminado el Certificado de Ingreso de Uva (CIU), herramienta utilizada para garantizar la trazabilidad y las estadísticas de la actividad.

Además, cuestionó la eliminación del programa PROVIAR II, financiado por el BID y orientado a pequeños productores, y el ajuste en el INTA. El organismo históricamente sostuvo los Centros de Desarrollo Vitícola y los programas de Cambio Rural destinados a la asistencia técnica y extensión para pequeños y medianos productores.

Según datos sectoriales, en 2025 había 20.939 viñedos operativos con 196.220 hectáreas cultivadas. La cosecha 2026 muestra una fuerte caída en la cantidad de bodegas elaboradoras activas: funcionan 503 establecimientos frente a los 680 registrados en la misma etapa del año pasado, lo que representa una reducción cercana al 25%. En Mendoza, la principal provincia productora, las bodegas activas pasaron de 478 a 374 en el mismo período.

Desde el sector vinculan la situación a la caída del consumo interno, el sobrestock de vino y mosto, los bajos precios de la uva y las dificultades de financiamiento. Para Rodríguez, ante ese escenario “la respuesta del Estado nacional no puede ser retirarse y dejar librada la actividad al mercado”, y llamó a fortalecer las herramientas de articulación público-privada para sostener el empleo, la producción y las economías regionales.