Kicillof le otorgó mayor autonomía operativa al Astillero Río Santiago

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó una ampliación de las facultades operativas y administrativas del Astillero Río Santiago con el objetivo de agilizar su funcionamiento y fortalecer la capacidad de gestión del histórico complejo naval bonaerense.

La medida fue publicada este viernes en el Boletín Oficial bonaerense a través del Decreto 357/2026 y habilita a las autoridades del ente a avanzar con mayor autonomía en contratos, acuerdos comerciales y actuaciones judiciales vinculadas a la actividad industrial, naval y metalúrgica.

A partir de la nueva normativa, el presidente del ente administrador del Astillero podrá suscribir y aprobar contratos relacionados con la explotación, desarrollo y comercialización de bienes y servicios del sector naval, además de convenios vinculados a maquinaria, equipamiento y prestaciones técnicas asociadas a la industria.

Según se desprende del decreto, la intención del Ejecutivo provincial es reducir los tiempos administrativos y facilitar el avance de acuerdos estratégicos y negocios vinculados a la producción industrial del astillero ubicado en Ensenada.

La normativa también establece un esquema de continuidad administrativa para evitar interrupciones en la conducción del organismo. En caso de vacancia temporal de la presidencia, las facultades pasarán al vicepresidente y, ante la ausencia de ambos, quedarán en manos del gerente general.

La decisión se conoce en un contexto atravesado por las discusiones sobre el futuro de las empresas públicas y el rol de la industria naval en la provincia de Buenos Aires. Además, ocurre a nueve meses de la salida de Pedro Wasiejko, tras lo cual el Astillero quedó bajo la conducción interina del gerente general Gonzalo Ibendahl.

Entre los puntos centrales del decreto, también se habilita al ente a gestionar, regularizar y disponer de materiales abandonados, rezagos y bienes considerados riesgosos desde el punto de vista ambiental u operativo dentro del predio industrial.

En paralelo, la Provincia autorizó al Astillero a intervenir con mayor amplitud en actuaciones judiciales y arbitrales tanto en el país como en el exterior, siempre con participación de la Fiscalía de Estado bonaerense. Las facultades incluyen allanamientos, conciliaciones, transacciones, desistimientos y otros acuerdos procesales contemplados por la legislación vigente.

Dentro de los fundamentos de la medida, el Ejecutivo recordó que el Astillero Río Santiago cuenta con capacidad para celebrar convenios con organismos municipales, provinciales, nacionales e internacionales, además de prestar servicios de diseño, construcción y puesta en funcionamiento de embarcaciones y maquinaria para clientes públicos y privados.

Con esta decisión, la administración de Axel Kicillof busca dotar al ARS de mayor margen operativo para acelerar contrataciones y fortalecer la actividad productiva de uno de los emblemas históricos de la industria naval argentina.