Con el aval del gobernador Axel Kicillof, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, formalizó un esquema más estricto para que los municipios accedan al Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal orientado a obras.
La decisión quedó plasmada en la Resolución 231/2026, que reglamentó el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Municipal creado en el marco de la Ley 15.561 y del endeudamiento aprobado a fines del año pasado.
El anuncio coincidió con una nueva avanzada de los intendentes en la Legislatura bonaerense, donde volverán a presentar una nota al titular de Diputados, Alejandro Dichiara, para insistir en que los recursos puedan utilizarse sin restricciones.
La normativa establece que los municipios deberán presentar memorias descriptivas, planos, presupuestos detallados, acreditar titularidad de los predios y acompañar certificaciones firmadas por funcionarios comunales para acceder a los desembolsos.
Además, la Provincia se reservó la facultad de evaluar la “razonabilidad” de los montos y verificar que no haya superposición con otras obras, mientras que la Dirección Provincial de Infraestructura Municipal analizará la viabilidad técnica y financiera.
El esquema también condiciona los pagos al avance físico: el segundo giro se habilitará con al menos 20% de ejecución y cartel de obra colocado, y el tercero cuando se supere el 50% y se presente la rendición correspondiente.
La resolución contempla la posibilidad de suspender pagos y bloquear nuevos proyectos en distritos que “obstaculicen el contralor”, e incluso prevé la intervención del Tribunal de Cuentas ante eventuales incumplimientos.
La medida generó malestar entre los jefes comunales, que reclaman que el 100% de los recursos del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal sea de libre disponibilidad, en un contexto de caída de la recaudación y transferencias.