La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires formalizó este jueves la entrega del proyecto de Ley de Autonomía Presupuestaria y Autarquía Económica del Poder Judicial a las máximas autoridades de la Legislatura bonaerense, en un nuevo intento por avanzar con una iniciativa histórica que el máximo tribunal provincial impulsa desde hace años sin lograr hasta ahora una concreción legislativa efectiva.
La reunión se desarrolló en la Sala de Acuerdos del Tribunal y estuvo encabezada por el presidente de la Suprema Corte, Sergio Gabriel Torres, junto al vicepresidente del cuerpo, Daniel Fernando Soria. Allí recibieron a la vicegobernadora bonaerense y titular del Senado provincial, Verónica Magario, y al presidente de la Cámara de Diputados bonaerense.
Durante el encuentro se concretó la entrega formal del texto legislativo elaborado por la Suprema Corte, acompañado además por el titular del Área Electoral de la Dirección de Asesoramiento Técnico en relación a los Órganos de la Constitución de la SCBA, Carlos Safadi Márquez.
Según trascendió oficialmente, las autoridades también dialogaron sobre distintos ejes vinculados a la coordinación institucional y al fortalecimiento de la gestión entre el Poder Judicial y la Legislatura provincial.
El proyecto había sido presentado públicamente el pasado 28 de abril y cuenta con el respaldo institucional de la Procuración General, el Colegio de Magistrados y Funcionarios bonaerense, la Asociación Judicial Bonaerense, el Colegio de Abogados de la provincia y distintas estructuras judiciales del país nucleadas en JUFEJUS.
La iniciativa apunta a garantizar la autonomía presupuestaria y la autarquía económico-financiera del Poder Judicial bonaerense, una demanda histórica del sector judicial que busca reducir la dependencia presupuestaria respecto del Poder Ejecutivo y fortalecer la capacidad de administración de recursos propios.
Entre los puntos centrales del proyecto aparece la posibilidad de que el Poder Judicial administre recursos provenientes de hasta el 50% de las utilidades generadas por los depósitos judiciales del Banco Provincia. Esos fondos serían destinados a un fideicomiso orientado a infraestructura y modernización tecnológica durante un período de treinta años.
El texto también contempla un esquema gradual de equiparación salarial con la Justicia Federal mediante un plan de implementación a cinco años, además de fijar un mecanismo de distribución presupuestaria del 65% para la administración de Justicia y un 35% para el Ministerio Público, en acuerdo con la Procuración General y los distintos actores judiciales involucrados.
Desde la Corte destacan además que el proyecto incorpora mecanismos de transparencia y control bicameral sobre el uso de los fondos, en un intento por responder anticipadamente a las críticas históricas vinculadas a la administración autónoma de recursos.
Sin embargo, pese al respaldo institucional cosechado por la iniciativa, dentro de la política bonaerense predominan las miradas escépticas respecto de un tratamiento legislativo inmediato. No son pocos quienes recuerdan que la discusión sobre la autarquía judicial reaparece periódicamente desde hace años sin traducirse en avances concretos.