La Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino (FAPA) cerró definitivamente sus puertas y avanzó con la liquidación total de su planta en Monte Grande, provincia de Buenos Aires. La compañía, fundada en 1938 por los hermanos Leopoldo y Aquiles Armanino, fue durante casi nueve décadas el único fabricante nacional de aisladores eléctricos de porcelana, un componente clave para el tendido seguro de las redes de electricidad.
La empresa había nacido produciendo menaje hotelero y se reconvirtió durante la Segunda Guerra Mundial para sustituir insumos importados y abastecer al mercado local. Su cierre representa un golpe directo al sector electromecánico y a la infraestructura energética del país, al desaparecer el único proveedor local de un insumo estratégico para prevenir fugas en el sistema eléctrico.
Según datos de la Cámara de la Industria Electrónica (CADIEEL), FAPA cubría el 100% de la producción argentina de aisladores y abastecía cerca del 70% del consumo interno. Su salida deja al mercado sin capacidad local y expone una dependencia total del exterior para garantizar el funcionamiento de la red pública.
El cierre se dio de forma paulatina en un contexto de fuerte caída de la actividad manufacturera, producto de las políticas de apertura económica impulsadas por el gobierno de Javier Milei. La falta de demanda y la competencia externa terminaron de complicar la continuidad operativa de la planta.
Como respuesta inmediata a la falta de producción local, el Ministerio de Economía emitió en marzo de 2026 la Resolución 345/2026, firmada por Luis Caputo. La normativa suspende por seis meses los derechos antidumping sobre la importación de aisladores eléctricos para evitar un desabastecimiento que pueda afectar la seguridad del servicio.
A partir de esta medida, la Argentina pasará a depender en su totalidad del ingreso de materiales provenientes de China, Brasil y Colombia. La decisión busca garantizar el suministro en el corto plazo, pero deja al país sin control sobre un insumo crítico para la infraestructura energética.
El cese de FAPA también implica la pérdida de capacidades tecnológicas soberanas acumuladas durante casi un siglo. Expertos del sector advierten que la desaparición de un fabricante local debilita la autonomía industrial en un área considerada estratégica para el desarrollo del país.
La liquidación de la planta de Monte Grande marca el fin de una historia que comenzó como un caso de sustitución de importaciones en plena guerra mundial y termina con la industria nacional fuera de juego en un segmento clave para la energía.