En línea con su objetivo de equilibrio fiscal, el gobierno de Javier Milei envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone modificar de manera sustancial el régimen de subsidios al gas, con foco en la reducción del alcance de la denominada “zona fría” y la incorporación de criterios socioeconómicos para su asignación.
La iniciativa, firmada también por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, apunta a redefinir el esquema vigente bajo principios de “equidad, eficiencia en el uso de los recursos públicos y responsabilidad fiscal”.
El proyecto llega en un contexto particular: apenas horas después de que el propio Ejecutivo decidiera reforzar los subsidios durante mayo para contener el impacto tarifario en medio de tensiones internacionales. Esa especie de ida y vuelta no es contradicción, claro… es “dinámica económica”, supongo.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la revisión del régimen de “zona fría”, ampliado en 2021 durante la gestión de Alberto Fernández. Aquella extensión incorporó nuevas provincias y municipios, incluyendo regiones de clima templado, lo que, según el actual Gobierno, desnaturalizó el objetivo original del sistema y elevó considerablemente el costo fiscal.
Con el nuevo esquema, se mantendría el subsidio del 50% en las regiones históricamente alcanzadas, como la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. En cambio, para las zonas incorporadas en la ampliación reciente, el acceso al beneficio quedará sujeto al Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que contempla variables como ingresos familiares y condiciones socioeconómicas.
Otro cambio relevante es que los subsidios se calcularán exclusivamente sobre el precio del gas, excluyendo a las empresas distribuidoras de la cadena de beneficios, una decisión que busca transparentar costos pero que, previsiblemente, abrirá otra discusión sobre tarifas finales. Porque en Argentina, si algo nunca falta, es una nueva discusión sobre tarifas.
Además, el proyecto incluye la derogación de distintos regímenes de promoción de hidrocarburos vigentes, como los establecidos por decretos y leyes de años anteriores, aunque aclara que se respetarán los derechos adquiridos por inversiones ya aprobadas.
En paralelo, se propone extender hasta 2045 la exención de gravámenes para energías renovables, lo que introduce un guiño al desarrollo del sector, en medio de un enfoque general más orientado al mercado.
De aprobarse esta iniciativa, numerosas zonas de la provincia de Buenos Aires perderían el beneficio que mantienen desde 2021.