A un año de que salieran a la luz las primeras muertes provocadas por la administración de fentanilo contaminado en el Hospital Italiano de La Plata, la Legislatura bonaerense vuelve a poner el tema en agenda. Esta vez, no por un avance judicial, sino por una iniciativa que busca, al menos, amortiguar las consecuencias de uno de los episodios sanitarios más graves de los últimos tiempos.
El diputado provincial Christian Castillo presentó un proyecto de ley que propone la creación de una pensión graciable, mensual y vitalicia destinada tanto a personas afectadas por el medicamento adulterado como a familiares de las víctimas fatales. La medida apunta a reparar, en términos económicos, los daños generados por el suministro de citrato de fentanilo no apto para uso humano.
La iniciativa contempla que el beneficio alcance a quienes hayan sufrido secuelas graves o un deterioro significativo en su salud, así como a los familiares directos de quienes murieron. En estos casos, se establece un orden de prioridad que incluye cónyuge o conviviente, hijos menores o con discapacidad, y en su defecto, padres que acrediten dependencia económica. La pensión, además, sería móvil y equivalente al salario de bolsillo de una categoría inicial de la administración pública provincial.
El proyecto cuenta con el acompañamiento de familiares de las víctimas, quienes desde el inicio de la causa vienen señalando responsabilidades empresariales y fallas en los controles estatales. En particular, apuntan al empresario Ariel García Furfaro, vinculado al laboratorio del que salió el lote contaminado.
Un brote que encendió las alarmas
El caso se remonta a abril de 2025, cuando médicos del Hospital Italiano de La Plata detectaron un patrón inusual: pacientes en terapia intensiva desarrollaban neumonías bilaterales y cuadros respiratorios graves sin haber tenido contacto entre sí. La coincidencia no tardó en volverse sospecha.
Tras dos semanas de análisis microbiológicos, el denominador común apareció donde nadie quiere encontrarlo: en el tratamiento. Todos los pacientes habían recibido fentanilo como parte de su atención médica. Las ampollas del lote 31202 revelaron lo impensado: contaminación bacteriana producto de fallas en los controles de esterilidad durante su fabricación.
La intervención de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica derivó en una alerta sanitaria máxima y el retiro inmediato del lote afectado, seguido por otro vinculado (31244), ambos elaborados por HLB Pharma.
Investigación judicial en curso
La causa quedó en manos del juez federal Ernesto Kreplak, quien llevó adelante la revisión de cerca de 200 historias clínicas en distintas provincias. La Justicia logró establecer compatibilidad clínica, suministro del medicamento contaminado y presencia de bacterias en los pacientes analizados.
El expediente avanza sobre dos líneas principales: por un lado, la responsabilidad de los directivos y técnicos del laboratorio, investigados por “envenenamiento de sustancias medicinales agravado por muerte”; por otro, posibles irregularidades en los mecanismos de control estatal, incluyendo eventuales omisiones o habilitaciones indebidas.
Según confirmaron fuentes judiciales a comienzos de este año, el saldo es contundente: 111 muertes vinculadas al fentanilo contaminado sobre un total de 159 casos analizados, con 48 pacientes que lograron sobrevivir.