La UBA advirtió que los hospitales universitarios pueden paralizarse por falta de fondos

La Universidad de Buenos Aires encendió una nueva alarma presupuestaria. Este lunes denunció que los seis hospitales universitarios que dependen de la casa de estudios podrían dejar de funcionar por la falta de envío de fondos del Poder Ejecutivo. La UBA reclamó el cumplimiento inmediato de la ley de financiamiento y advirtió que la atención médica de miles de pacientes está en jaque.

El eje del conflicto es el incumplimiento del Gobierno nacional con las partidas operativas. Según las autoridades académicas, "en lo que va del año, el Gobierno Nacional no envió fondos para el funcionamiento operativo de los hospitales". La situación derivó en una convocatoria urgente. Los directores de la red sanitaria universitaria darán una conferencia de prensa este martes a las 8.30 frente al Hospital de Clínicas para detallar el alcance de la crisis.

El impacto alcanza a seis instituciones clave del sistema de salud público. Están afectados el Hospital de Clínicas José de San Martín, el Instituto de Oncología Ángel Roffo, el Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari, el Instituto de Tisioneumonología Raúl Vaccarezza, el Hospital Odontológico y el Hospital Escuela de Veterinaria. Entre todos asisten a más de 700 mil personas por año y cumplen tareas de alta complejidad, docencia e investigación.

La UBA precisó que el Estado nacional adeuda $20.000 millones correspondientes a los primeros cuatro meses del Presupuesto 2026. Ese monto debería cubrir insumos, mantenimiento, servicios básicos y salarios no docentes. Sin esos recursos, las autoridades aseguran que la parálisis de guardias, cirugías programadas y tratamientos oncológicos es inminente en las próximas semanas.

Mientras escala el reclamo por los hospitales, el Ministerio de Capital Humano intimó a los rectores de todo el país por los paros docentes. La cartera expresó "extrema preocupación por la suspensión total de la actividad académica" y pidió a las universidades que informen un plan de contingencia. Exigió además que garanticen el acceso a clases para docentes no adheridos a las medidas de fuerza y propongan modalidades alternativas como herramientas virtuales o reprogramaciones para que los alumnos no pierdan regularidad ni mesas de examen.

La tensión entre el Gobierno y las universidades crece de cara a la marcha federal universitaria convocada para el próximo 12 de mayo. La movilización fue impulsada por autoridades, gremios docentes y no docentes y centros de estudiantes. El reclamo central es el acatamiento del fallo judicial que ordenó la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, sancionada hace seis meses con más de dos tercios en ambas cámaras.

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, salió al cruce de las intimaciones oficiales. "Celebramos que por primera vez el Ministerio de Capital Humano reconozca que en la Argentina no se está garantizando el derecho a la educación", ironizó. Y agregó que ese reconocimiento "expone una realidad aún más compleja: hoy están en riesgo derechos constitucionales fundamentales".

Yacobitti endureció el tono contra la gestión nacional en el cierre de su descargo. Apuntó que "el Gobierno nacional no solo carece de un plan educativo claro y consistente, sino que además desfinancia y desarticula el sistema". Denunció que lleva adelante "una política educativa ilegal al incumplir la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por más de dos tercios de ambas cámaras y ratificada en dos instancias por la Justicia". Remarcó que la garantía del derecho a enseñar y aprender requiere, como condición indispensable, el financiamiento del Estado nacional según marca la normativa vigente.