Pagano pidió la detención de Manuel Adorni por presunto entorpecimiento judicial

La diputada nacional Marcela Marina Pagano presentó este lunes ante la Justicia Federal un pedido de detención inmediata contra Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. La solicitud, que generó fuerte impacto en el ámbito político, acusa al funcionario de entorpecer una investigación judicial en curso mediante acciones concretas que pondrían en riesgo el desarrollo de la causa.

Según el escrito al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, Pagano denunció la existencia de un "riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación grave, actual e inminente". La legisladora, que se presentó en calidad de denunciante, aseguró que la conducta de Adorni se materializó el pasado 4 de mayo de 2026 a través de dos hechos específicos que considera obstruccionistas.

El primer hecho detallado en la presentación es el contacto que Adorni habría mantenido con el testigo Matías Tabar minutos antes de que este prestara declaración testimonial bajo juramento. De acuerdo con la denuncia, el jefe de Gabinete le ofreció "ayuda" y le facilitó el contacto de su "equipo". El segundo punto señala que se habría procurado el borrado de mensajes de WhatsApp intercambiados entre el funcionario y un contratista vinculado a la causa.

Para sostener el pedido de prisión preventiva, la diputada solicitó la aplicación por analogía de la denominada "doctrina Irurzun". Esta jurisprudencia, fijada por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, establece que los vínculos de poder que detenta un funcionario en ejercicio pueden ser utilizados para obstruir el accionar de la justicia y justificar una medida cautelar.

En el documento, Pagano citó expresamente el precedente del voto del camarista Martín Irurzun en la causa contra el exministro Julio Miguel De Vido, del año 2017. Con ese antecedente, la legisladora busca fundamentar que Adorni podría usar su estructura de poder dentro del Ejecutivo para interferir en el proceso judicial que lo involucra.

La solicitud de detención se encuadra legalmente en los artículos 280 a 283 del Código Procesal Penal de la Nación, y de manera supletoria en los artículos 210, 218 y 222 del Código Procesal Penal Federal. Ahora resta que el juez federal interviniente analice la presentación y resuelva si hace lugar al pedido que apunta contra una de las figuras centrales del gobierno nacional.