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La Defensoría de PBA cargó contra la regulación del vapeo: “No es control, es concesión”
13:34 |El organismo bonaerense cuestionó con dureza la resolución nacional que habilita la comercialización de vapeadores y productos de nicotina bajo un esquema de registro. Advirtió sobre un retroceso sanitario, falta de controles reales y un posible impacto en el consumo adolescente.
La reciente decisión del Gobierno nacional de avanzar en la regulación de vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina abrió un frente de conflicto en el campo de la salud pública. Mientras la administración de Ministerio de Salud de la Nación sostiene que la medida busca “ordenar un mercado que ya existe”, desde la Defensoría del Pueblo bonaerense denuncian exactamente lo contrario: una cesión ante la industria tabacalera disfrazada de política sanitaria.
El cuestionamiento más duro llegó desde el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos. Allí sostienen que la resolución 549/2026 implica un “cambio regresivo” al abandonar el principio precautorio que regía desde hace más de una década. “Pasar de la prohibición a un registro laxo no es regular: es abrir la puerta a la Nicotina 4.0”, advierten .
La crítica no es solo conceptual. También apunta a la viabilidad real del esquema que propone Nación. La normativa exige controles sobre la composición química de los productos, trazabilidad y fiscalización en puntos de venta. Pero, según la Defensoría, ese diseño choca de frente con el contexto actual del Estado. Menos inspectores, recortes presupuestarios y una estructura debilitada hacen difícil imaginar controles efectivos.
En otras palabras, el problema no sería solo la decisión política, sino su ejecución. Regular sin capacidad de control, dicen, equivale a legalizar sin supervisión.
Desde el Gobierno nacional, en cambio, el argumento es más pragmático: la prohibición fracasó. Según la explicación oficial, los vapeadores “se consumen igual” y la falta de regulación solo alimentó un mercado ilegal sin estándares sanitarios . La nueva normativa busca que los productos estén registrados, declaren su composición y cumplan ciertos requisitos de calidad.
La Defensoría no compra esa lógica. Considera que el enfoque de “reducción de daños” es una estrategia comercial de la industria, no una política de salud. Y advierte que institucionalizar estos პროდუქტos podría aumentar su legitimidad social, especialmente entre adolescentes.
Los datos que acompañan esa preocupación son incómodos: el consumo de vapeadores creció con fuerza en jóvenes y ya supera al del cigarrillo tradicional en ese segmento. Para el organismo, la resolución no ataca ese problema, sino que lo normaliza.
Además, cuestionan aspectos técnicos del sistema. Uno de los puntos más polémicos es la exigencia a empresas de reportar perfiles de consumo por edad. Según la Defensoría, se trata de información difícil de verificar, potencialmente manipulable y con riesgos en materia de protección de datos, sobre todo si involucra a menores.
El trasfondo del debate es más profundo que el vapeo en sí. Se trata de dos modelos de política pública enfrentados. Por un lado, un Estado que busca gestionar un mercado existente. Por el otro, una mirada que insiste en erradicarlo bajo el principio de prevención.
En esa tensión, la Defensoría fue directa: “La resolución desplaza el foco desde la protección de la salud hacia la administración del riesgo”.
