El Gobierno reglamentó la baja de aportes patronales para nuevas contrataciones por cuatro años  

El Gobierno nacional reglamentó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), uno de los ejes de la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei. La medida se oficializó a través del decreto 315/2026, publicado este lunes 4 de mayo en el Boletín Oficial con firmas de funcionarios del gabinete nacional. El esquema tendrá una vigencia de cuatro años y busca fomentar el empleo registrado en el sector privado mediante una reducción de las contribuciones patronales.  

El punto central del RIFL establece que los empleadores abonarán una alícuota reducida de 8% en concepto de aportes por cada nuevo trabajador contratado. Ese porcentaje se compone de un 5% destinado a los subsistemas de seguridad social y un 3% al Fondo de Indemnizaciones. El beneficio rige durante cuatro años contados desde la fecha de contratación de cada empleado alcanzado por el régimen.  

Según la reglamentación, la alícuota reducida se distribuirá entre el sistema previsional, el Fondo Nacional de Empleo y las asignaciones familiares. Además, una parte específica estará destinada al sistema de salud vinculado al PAMI. El decreto aclara que los ingresos adicionales que pueda percibir el trabajador no afectarán los beneficios del empleador dentro del programa.  

El régimen está dirigido a empleadores que incorporen personal que cumpla alguna de estas condiciones: no haber tenido empleo registrado al 10 de diciembre de 2025, haber estado desempleado durante los últimos seis meses, estar inscripto en el Monotributo o haber trabajado previamente en el sector público. El beneficio podrá aplicarse hasta un máximo del 80% de la nómina de empleados de cada empleador.  

Desde el Ejecutivo señalaron que el objetivo de la medida es bajar el costo laboral para promover la registración de trabajadores y reactivar el empleo formal, con foco en sectores donde el trabajo no declarado tiene alta incidencia. El RIFL forma parte del paquete de cambios estructurales en el mercado laboral que impulsa el Gobierno.  

La reglamentación se conoce luego de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal se declarara competente en la causa iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral. De esta forma, la aplicación del nuevo esquema avanza en paralelo al debate político y judicial que genera la normativa.  

El programa generó posiciones encontradas. Mientras el Gobierno sostiene que busca reducir la informalidad y crear oportunidades de empleo registrado, sindicatos y especialistas advierten sobre el posible impacto en el financiamiento del sistema de seguridad social. El RIFL se aplicará a las nuevas contrataciones que se realicen bajo las condiciones establecidas en el decreto.