Impulsan un registro de hogares monomarentales para visibilizar desigualdades y mejorar políticas públicas

la desigualdad de género sigue atravesando la vida cotidiana de miles de familias, la Legislatura bonaerense sumó un nuevo proyecto que busca, al menos en teoría, ordenar una deuda histórica del Estado: conocer para poder intervenir.

La diputada provincial Evelyn Flores Yanz, del espacio Fuerza Patria, presentó una iniciativa para crear un Registro Provincial de Hogares Monomarentales. El objetivo central es bastante básico, casi incómodo de admitir: producir información oficial sobre un tipo de hogar que existe hace décadas pero que rara vez aparece en el diseño de políticas públicas.

La propuesta apunta a relevar y sistematizar datos que permitan diseñar programas específicos, mejorar el acceso a beneficios estatales y articular acciones entre distintos niveles del Estado. En otras palabras, dejar de improvisar sobre una realidad que ya está sobradamente instalada.

Según datos del Ministerio de Economía bonaerense citados en el proyecto, uno de cada diez hogares en la provincia es monoparental, y en el 84,3% de los casos está encabezado por mujeres. El dato no sorprende, pero sí expone una constante: la feminización de las responsabilidades de cuidado.

Ahí aparece el núcleo del problema. No se trata solo de estructura familiar, sino de condiciones materiales. Las mujeres dedican en promedio 6,5 horas diarias a tareas de cuidado, mientras que los varones destinan 3,4. La diferencia no es menor, y tampoco es abstracta: impacta directamente en las posibilidades de acceso al empleo, en la autonomía económica y en el desarrollo profesional.

Desde una perspectiva de género, el proyecto reconoce algo que suele quedar diluido en el discurso general: el cuidado no es neutro. Tiene rostro, tiempo y consecuencias concretas. En los hogares monomarentales, esa carga se concentra casi exclusivamente en una sola persona.

Flores Yanz definió la situación como un “problema público históricamente invisibilizado”, y en ese punto hay cierto consenso académico y político. La falta de estadísticas oficiales no solo dificulta el diagnóstico, sino que también limita la implementación de políticas basadas en evidencia. Sin datos, el Estado navega a ciegas. Y cuando navega a ciegas, suele fallar.

El registro propuesto buscaría revertir esa lógica, generando una base de información que permita orientar recursos y diseñar programas específicos. Entre los objetivos también aparece el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres que sostienen estos hogares, un punto clave en un contexto de creciente precarización laboral.