La Dirección Provincial de Catastro Territorial, dependiente de ARBA, atraviesa una paralización que impacta de lleno en la actividad profesional y el mercado inmobiliario bonaerense. Desde fines de febrero de 2026, una medida de fuerza del gremio ATE, con asambleas prolongadas y retención de tareas, mantiene virtualmente inactivo un organismo clave.
La situación repercute especialmente en los ingenieros matriculados en el CIPBA, cuyas tareas de mensura quedaron frenadas por la falta de aprobación de planos y registración de estados parcelarios. Sin esos trámites, los profesionales no pueden concluir trabajos ni percibir honorarios, lo que afecta su ejercicio laboral y su vínculo con los comitentes.
El efecto se extiende al sector inmobiliario, donde numerosas escrituraciones permanecen demoradas ante la ausencia de informes catastrales y certificados actualizados. La imposibilidad de completar la documentación necesaria impide avanzar con operaciones de compraventa y genera incertidumbre jurídica en las transacciones.
También se ven perjudicados los contribuyentes que buscan regularizar su propiedad o subdividir terrenos para construir. Al no poder completar los trámites, quedan atrapados en un conflicto administrativo que impacta en derechos vinculados al ordenamiento territorial y la seguridad jurídica.
Desde el sector advierten que resulta contradictorio que un organismo central para la eficiencia recaudatoria se convierta en un freno para la actividad económica. En ese marco, reclaman la intervención del gobernador bonaerense para restablecer el funcionamiento pleno de Catastro y evitar que la parálisis continúe afectando al conjunto de la sociedad.