Buscan frenar los abusos en el cobro de deudas con una nueva ley

En un escenario económico cada vez más tenso para los hogares, donde el endeudamiento dejó de ser una excepción para convertirse en rutina, la senadora bonaerense Mónica Macha impulsó un proyecto de ley que apunta a ponerle un límite a uno de los costados más agresivos del sistema financiero: la cobranza de deudas.

La iniciativa, presentada en la Legislatura bonaerense, busca regular los procesos de cobro extrajudicial y establecer un marco claro para evitar abusos por parte de bancos, billeteras digitales, agencias de cobranza y estudios jurídicos. El trasfondo no es menor: cada vez más familias tienen dificultades para cumplir con sus compromisos financieros. Según datos citados por la propia legisladora, el índice de impago en préstamos familiares pasó del 10,6% al 11,2% entre enero y febrero, acumulando 16 meses consecutivos en alza y alcanzando niveles que no se registraban desde 2004.

Ese deterioro no solo impacta en las estadísticas, sino también en la vida cotidiana de miles de personas que, además de no poder pagar, enfrentan métodos de cobro que muchas veces cruzan límites legales y éticos. En ese punto, el proyecto de Macha pone el foco: prohíbe explícitamente conductas que generen situaciones “vergonzantes, vejatorias o intimidatorias”, así como cualquier forma de acoso, hostigamiento o presión indebida sobre los deudores.

Límites a la presión y más transparencia

El texto también avanza sobre prácticas habituales que, aunque naturalizadas, quedarían fuera de la ley. Entre ellas, el contacto con terceros ajenos a la deuda, las comunicaciones fuera de horarios razonables, la simulación de instancias judiciales o la difusión de la condición de deudor sin respaldo legal.

Además, establece que toda comunicación de cobro deberá ser clara y detallada: identificar al acreedor, explicar el origen de la deuda y desglosar el monto reclamado con intereses, cargos y comisiones. Traducido: se acabó eso de llamar, presionar y no explicar nada.

En paralelo, el proyecto incorpora un punto que parece menor pero no lo es: el derecho del consumidor a ser atendido por una persona humana. Los sistemas automatizados podrán existir, pero no ser la única vía de contacto. En tiempos donde hablar con alguien de carne y hueso se volvió casi un privilegio, el detalle tiene peso propio.

Protección sobre ingresos sensibles

Otro eje central es la protección de las cuentas donde se acreditan ingresos esenciales. La iniciativa prohíbe que entidades financieras o proveedores bloqueen, debiten o restrinjan cuentas de manera unilateral, salvo que exista autorización contractual o una orden judicial. Esto incluye salarios, jubilaciones, pensiones y prestaciones alimentarias, es decir, el núcleo de subsistencia de los sectores más golpeados por la crisis.

En ese marco, también se exige que las empresas garanticen canales de contacto gratuitos, accesibles y claramente identificables para consultas, quejas y reclamos, algo que en la práctica muchas veces brilla por su ausencia.

Un proyecto en medio de la presión social

La propuesta llega en un momento donde el endeudamiento de los hogares crece y la capacidad de pago se achica. La morosidad se expandió en 28 de los 30 principales bancos del país, lo que evidencia que el problema no es aislado sino estructural.

“Estamos frente a una situación acuciante que afecta a un porcentaje enorme y creciente de la sociedad”, sostuvo Macha al defender la iniciativa, al tiempo que remarcó la necesidad de garantizar derechos básicos frente a posibles abusos en los procesos de cobro.