La crisis de la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM) llegó a un punto límite y dejó fuera de circulación a cuatro líneas clave del transporte en la zona norte del conurbano bonaerense. Se trata de las líneas 707, 333, 407 y 437, que ya no volverán a prestar servicio tras una combinación de problemas financieros, conflictos laborales y una medida judicial que terminó de desarticular la operación.
El golpe final fue un embargo que derivó en el secuestro de cerca del 40% de la flota de la empresa, lo que dejó a la firma sin capacidad mínima para sostener los recorridos. La medida judicial se originó por el incumplimiento en el pago de un comodato mediante el cual la compañía había incorporado parte de sus unidades.
Con más de una semana sin servicio efectivo y en medio de un paro, distintas fuentes del sector coincidieron en que la continuidad de la empresa era inviable incluso antes del embargo. La posibilidad de reactivar el servicio con unidades antiguas fue evaluada en un primer momento, pero rápidamente descartada por falta de condiciones técnicas y económicas.
El impacto es inmediato en distritos como San Isidro, Vicente López y Escobar, donde miles de usuarios quedaron sin conectividad habitual. Frente a este escenario, el Municipio de San Isidro inició negociaciones con otras empresas del sector para reorganizar los recorridos y garantizar el servicio. Desde la comuna fueron claros: “lo que existía hasta hoy ya no va a continuar”, dejando en evidencia que no se trata de una transición ordenada sino de un reemplazo forzado.
En paralelo, la atención está puesta en la situación laboral de más de 400 trabajadores, entre ellos unos 250 choferes. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) comenzó gestiones con otras empresas para intentar reubicar parte del personal y evitar despidos masivos, en un contexto donde el sistema ya venía tensionado por salarios atrasados y condiciones inestables.
Las autoridades locales y actores del sector trabajan ahora en la elaboración de un esquema alternativo que deberá ser presentado ante el Gobierno de la provincia de Buenos Aires para su aprobación. La urgencia es clara: restablecer el servicio lo antes posible en una región donde el transporte público no es una opción, sino una necesidad básica.