En la provincia de Buenos Aires, la dinámica del endeudamiento convive con debates sobre los mecanismos de control. Mientras el gobierno de Axel Kicillof avanza con una estrategia financiera para refinanciar vencimientos y aliviar compromisos de corto plazo, desde la oposición en Diputados plantearon la necesidad de poner en funcionamiento la comisión encargada de supervisar el destino de esos recursos.
El planteo tomó forma institucional en las últimas horas. Los jefes de bloque del PRO y la Unión Cívica Radical, Alejandro Rabinovich y Diego Garciarena, presentaron una nota formal ante el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, en la que solicitaron la “urgente conformación y puesta en funcionamiento” de la comisión Bicameral de seguimiento de la emergencia económica.
En el documento, los legisladores señalan que el contexto actual —atravesado por restricciones financieras, caída de recursos y mayores demandas en los municipios— vuelve necesario avanzar con ese espacio de control legislativo. La comisión, destacan, permitiría realizar un seguimiento más cercano del uso de los fondos.
El pedido se da en paralelo a una nueva operación de endeudamiento impulsada por la Provincia, que supera los $316.000 millones. La medida, oficializada por el Ministerio de Economía, incluye la emisión de dos bonos en pesos: uno a tasa variable con vencimiento en 2027 y otro ajustado por inflación (CER) hasta 2028.
Según se desprende de la normativa, el objetivo de esta operación es reordenar pasivos y afrontar compromisos ya asumidos, evitando concentraciones de pagos en el corto plazo. Se trata de una herramienta habitual en escenarios de tensión financiera.
En ese marco, uno de los ejes es el canje de deuda: la Provincia apunta a reemplazar títulos que vencen en mayo de 2026 por nuevos instrumentos, ofreciendo a los acreedores la posibilidad de diferir esos vencimientos.
La misma ley que habilitó el endeudamiento —la N° 15.561— prevé también la creación de una comisión Bicameral encargada de supervisar el uso de los recursos. Sin embargo, ese espacio aún no fue puesto en funcionamiento, lo que motivó el planteo de la oposición.
Parte de los fondos obtenidos se destinan al Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, financiado con el 8% del endeudamiento. De hecho, ya se concretó un primer desembolso superior a los $13.000 millones en abril para los 135 municipios bonaerenses.
En este contexto, el eje del debate se centra en la necesidad de avanzar con herramientas institucionales que acompañen la ejecución de los recursos. Desde la oposición, el planteo apunta a reforzar los mecanismos de seguimiento en un escenario económico complejo para las administraciones locales.