El bloque Acción Marplatense-Movimiento Derecho al Futuro presentó un pedido de informe para conocer cómo se implementará el “RIGI” municipal, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones incluido en el Presupuesto 2026. La iniciativa fue una de las novedades salientes de la ordenanza fiscal vigente, pero a más de 60 días de su aprobación todavía no hay reglamentación ni precisiones públicas sobre su aplicación en General Pueyrredon.
El reclamo opositor apunta directamente al artículo 294 de la ordenanza. Ese apartado faculta al Ejecutivo a otorgar reducciones de hasta el 50% en la alícuota de la tasa por Inspección de Seguridad e Higiene a empresas radicadas o a radicarse en el distrito. El beneficio queda condicionado a que las firmas realicen o proyecten inversiones durante los ejercicios 2025 y/o 2026. Sin embargo, la norma no detalla montos, rubros ni condiciones.
La concejala Melisa Centurión, autora del proyecto, advirtió que “no se cuenta con información clara, pública ni detallada respecto de los criterios, condiciones y mecanismos” del régimen. Señaló que la falta de definiciones genera incertidumbre entre los contribuyentes. La ordenanza remite a una futura reglamentación aspectos clave como el monto mínimo de inversión exigido, rubros alcanzados, plazos de vigencia y requisitos de generación de empleo.
Para la edil, esa amplitud deja en manos del Ejecutivo “un margen relevante de discrecionalidad en materia tributaria, sin pautas claras ni límites precisos”. Según Centurión, esto puede afectar la previsibilidad, la igualdad entre contribuyentes y la transparencia en la aplicación del beneficio. También alertó que el esquema podría favorecer desproporcionadamente a grandes empresas frente a pequeños comerciantes.
“El diseño actual, al permitir reducciones de hasta el 50% sin establecer topes ni criterios diferenciados, puede generar en la práctica beneficios significativamente mayores para grandes empresas”, explicó. En ese sentido, sostuvo que el régimen “podría producir efectos regresivos dentro del entramado comercial local” si no se corrige con parámetros objetivos y escalas según el tamaño de la firma.
Por eso, el bloque pidió que el gobierno local detalle el nivel de inversión necesario para acceder al RIGI, con rubros, conceptos y gastos alcanzados. También reclamó saber si se contemplan criterios diferenciales por tamaño de empresa, exigencias de generación de empleo, mecanismos de control, estado actual de la reglamentación del artículo 294 y una estimación del impacto fiscal que tendría la iniciativa en las cuentas municipales.