Presentan proyecto para sancionar el uso malicioso de tecnología en campañas electorales bonaerenses

El diputado provincial de Nuevos Aires, Fabián Luayza, presentó un proyecto de ley que apunta a detectar y sancionar el uso malicioso de la tecnología en los procesos electorales de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, que también lleva las firmas de los legisladores Gustavo Cuervo y Viviana Romano, busca “garantizar la realización de campañas electorales transparentes, auténticas y comprometidas”. El foco está puesto en frenar la desinformación y la manipulación digital en contextos proselitistas.

Según detalló el legislador de Berazategui, la normativa se dirige a la prevención, detección y sanción de prácticas como desinformación, manipulación digital y uso malicioso de recursos tecnológicos. Entre ellos mencionó los deepfakes, bots automatizados y otros mecanismos que puedan afectar la transparencia, equidad y autenticidad del proceso electoral. El objetivo es blindar las campañas de contenidos engañosos que distorsionen la voluntad del votante.

El texto presentado por Luayza enumera cuatro conductas que quedarían expresamente prohibidas durante el período electoral. La primera es crear, difundir o financiar contenido audiovisual, gráfico o sonoro generado con inteligencia artificial u otros medios digitales que simule o manipule imagen, voz, declaraciones o comportamiento de una persona para confundir, inducir al error o dañar su reputación pública. La segunda apunta a la usurpación de identidades en redes sociales, sitios web o mensajería con fines de engaño.

También se prohíbe promover campañas de desinformación, fake news o contenidos electorales falsos sin respaldo verificable ni fuente identificable. El cuarto punto veda el uso de fondos partidarios, públicos o privados para financiar directa o indirectamente “campañas sucias o tecnológicamente manipuladas”. Con estas definiciones, el proyecto busca cerrar vacíos legales frente al avance de nuevas herramientas digitales en la política.

Para quienes incumplan la norma, Luayza propuso un esquema de sanciones graduadas. Se contemplan multas que van desde los diez hasta los cien Salarios Mínimo Vital y Móvil. Además, se prevé la suspensión de publicidad oficial electoral o de beneficios establecidos en las leyes de financiamiento político provincial. En el caso de personas humanas, la reincidencia comprobada implicaría la inhabilitación para ocupar cargos públicos electivos.

La iniciativa aclara que la ley tendrá aplicación en todos los procesos electorales provinciales. Esto incluye elecciones generales y primarias, internas partidarias para cargos provinciales, referendos, consultas populares y toda otra instancia de carácter electoral donde se utilice comunicación política con fines proselitistas. De avanzar, Buenos Aires se convertiría en una de las primeras provincias en regular específicamente el uso de inteligencia artificial y desinformación en campañas.

El proyecto ingresó en un contexto de creciente preocupación por el impacto de la tecnología en la calidad del debate público. Con campañas cada vez más digitalizadas y la aparición de herramientas capaces de generar contenidos falsos hiperrealistas, Luayza busca poner límites concretos. La propuesta ahora deberá ser analizada en comisiones antes de llegar al recinto.