El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Gabriel Torres, reclamó públicamente al gobernador Axel Kicillof y a la Legislatura provincial que avancen en la designación de jueces para completar las vacantes del máximo tribunal, que funciona de manera incompleta desde hace seis años.
Actualmente, la Corte bonaerense cuenta con solo tres miembros, cuando su integración debería ser de siete. “Los ministros que presidimos este acto, como pueden observar, somos tres, cuando debiéramos ser siete. Este superior tribunal se encuentra inmediatamente desintegrado”, expresó Torres durante un acto institucional.
El planteo no es nuevo. Meses atrás, el juez Daniel Soria también había advertido sobre las consecuencias de esta situación, al señalar que la falta de integración plena afecta la seguridad jurídica y limita la capacidad del tribunal para establecer doctrina.
El reclamo se produjo en el marco de la presentación de un proyecto de ley que será enviado a la Legislatura bonaerense para dotar al Poder Judicial de mayor autonomía presupuestaria y financiera. Del encuentro participaron, además, el procurador general Julio Conte Grand, representantes de asociaciones de letrados y trabajadores judiciales.
Torres fundamentó su pedido en la propia Constitución provincial, al recordar que el artículo 160 establece que la Suprema Corte es la cabeza del Poder Judicial. En ese sentido, sostuvo que garantizar su correcta integración es una responsabilidad institucional ineludible.
El magistrado también puso cifras a la demora: “Transcurrieron 2.292 días de la primera vacante y casi 800 de su desintegración por la renuncia del Dr. Luis Genoud”. Y agregó una crítica directa: “El Poder Judicial resulta el único de los poderes del Estado que sufre esta problemática”.
En esa línea, remarcó que la cobertura de vacantes no es un trámite administrativo sino una condición esencial para el funcionamiento del sistema judicial. Recordó además que la Constitución bonaerense establece un plazo de quince días para que el Ejecutivo envíe un pliego al Senado cuando se produce una vacante, incluso con la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias si fuera necesario.
El mensaje final del presidente de la Corte dejó poco margen para interpretaciones: una integración incompleta debilita el funcionamiento institucional, mientras que avanzar en las designaciones fortalecería el Estado de derecho.