Buscan darle valor pericial a los informes territoriales en causas de niñez

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires comenzó a analizar un proyecto de ley que propone introducir cambios en el abordaje judicial de niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal, mediante una mayor articulación entre el Poder Judicial y los organismos de protección de derechos.

La iniciativa, presentada por la diputada Lucía Iañez bajo el expediente D-1355/26-27, plantea como eje central otorgar mayor peso legal a los informes elaborados por equipos interdisciplinarios que intervienen en el territorio antes de que los casos lleguen a instancia judicial.

En concreto, el proyecto propone modificar las leyes provinciales 13.634, que regula el Fuero de Familia, y 13.298, vinculada a la Promoción y Protección Integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. El cambio más relevante establece que los informes producidos por profesionales de áreas como salud, educación o instituciones de cuidado deberán ser considerados por los jueces como prueba técnica preferente.

De acuerdo al texto, en caso de que un magistrado decida apartarse de las recomendaciones de estos equipos, deberá fundamentar su decisión de manera técnica y exhaustiva, bajo riesgo de que la resolución sea considerada nula. La medida busca reforzar la validez de estos informes como prueba pericial documental, sin necesidad de ratificación presencial, salvo que exista una impugnación por falsedad.

Uno de los objetivos centrales es evitar la reiteración de entrevistas a menores en situaciones de vulnerabilidad, una práctica que suele derivar en procesos de revictimización. Al mismo tiempo, se apunta a agilizar los tiempos judiciales y optimizar el uso de recursos dentro del sistema.

El proyecto también contempla la creación de una Mesa de Articulación Técnica obligatoria, destinada a revisar las Medidas de Abrigo y los planes de egreso. Este espacio buscará coordinar el trabajo entre peritos judiciales y los profesionales que acompañan cotidianamente a los menores, bajo lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia.

En los fundamentos de la iniciativa, Iañez advierte sobre una “marcada disparidad” en el reconocimiento institucional de los equipos territoriales, pese a que son quienes cuentan con un conocimiento directo y sostenido de las realidades familiares. En ese sentido, sostiene que jerarquizar su rol resulta clave para garantizar una tutela judicial efectiva.