Un proyecto de ley para establecer la Educación Digital Integral (EDI) como obligatoria en el sistema educativo bonaerense ingresó en la Cámara de Diputados, impulsado por el bloque Unión y Libertad. La iniciativa apunta a que niñas, niños y adolescentes accedan a una formación sistemática que les permita comprender, utilizar y cuestionar las tecnologías digitales en su vida cotidiana.
El texto, que lleva la firma del presidente del bloque, Martín Rozas, plantea que la educación digital debe ser reconocida como un derecho y abordada de manera transversal en todos los niveles educativos, tanto en instituciones públicas como privadas. En esa línea, propone avanzar en la alfabetización digital, el desarrollo de ciudadanía digital y la promoción del bienestar en entornos virtuales.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la incorporación de contenidos vinculados a problemáticas actuales que atraviesan a las juventudes en el mundo digital. Entre ellas, se incluyen el grooming, el ciberacoso, la ludopatía online, la adicción a las pantallas y la circulación de discursos de odio. Según se detalla en la iniciativa, estos fenómenos deberán ser abordados mediante estrategias pedagógicas específicas y acciones preventivas dentro del ámbito escolar.
El programa también prevé la creación de un esquema provincial de Educación Digital Integral que contemple la capacitación docente obligatoria, la actualización de los diseños curriculares y la producción de contenidos educativos adaptados a los nuevos desafíos tecnológicos. A esto se suman campañas de concientización orientadas a la comunidad en general.
En paralelo, el proyecto incorpora contenidos vinculados a la inteligencia artificial, la programación y la producción de contenidos digitales, con una perspectiva crítica y participativa. La intención es que los estudiantes no solo consuman tecnología, sino que comprendan sus lógicas, sus riesgos y sus posibilidades.
Rozas sostuvo que, pese a la masificación del uso de dispositivos entre los jóvenes, el sistema educativo todavía no logra garantizar una formación integral en este campo. En ese sentido, planteó que la propuesta busca cubrir ese vacío mediante una política pública estructural que articule educación, tecnología y derechos, adaptando la escuela a las exigencias de la era digital.
La iniciativa también asigna a la autoridad de aplicación la responsabilidad de implementar el programa, desarrollar infraestructura tecnológica y asegurar el acceso a dispositivos tanto para estudiantes como para docentes, un punto clave si se pretende reducir la brecha digital existente.