La industria pesquera argentina atraviesa uno de sus momentos más delicados en años, con una combinación de factores económicos internos y externos que erosionan su rentabilidad y ponen en riesgo miles de puestos de trabajo. En ese contexto, referentes del sector elevaron a las autoridades nacionales un paquete de medidas de emergencia con el objetivo de evitar un deterioro mayor de la actividad.
El escenario no es nuevo, pero sí más agudo. Desde hace al menos dos años, la pesca enfrenta una caída sostenida de su rentabilidad, situación que se agravó recientemente por el fuerte incremento del combustible, impulsado por la suba internacional del petróleo en medio del conflicto en Irán. A esto se suman otras variables estructurales: atraso cambiario, retenciones a las exportaciones, aumento de tasas como el Derecho Único de Extracción (DUE), caída de los precios internacionales y la restitución del impuesto a las ganancias en 2024.
El impacto ya se traduce en consecuencias concretas. Solo en Mar del Plata cerraron una decena de plantas procesadoras, con la pérdida de alrededor de 500 puestos de trabajo. A nivel nacional, el sector emplea de manera directa a unas 45.000 personas, un volumen que hoy aparece amenazado por la falta de previsibilidad y la presión de costos.
En este contexto, Giuliano Falconnat, director del Grupo SIP, detalló el contenido del paquete de emergencia presentado al Gobierno. La propuesta incluye cinco ejes centrales: la suspensión de aranceles a la exportación hasta 2027, la eliminación del IVA sobre combustibles, la revisión del esquema del DUE, la supresión del impuesto a las ganancias para el personal embarcado y la incorporación de los productos pesqueros a un régimen diferencial de IVA.
Según explican desde el sector, estas medidas buscan aliviar costos inmediatos, mejorar la competitividad frente a mercados internacionales y sostener el empleo en una actividad altamente dolarizada. En particular, el precio del gasoil aparece como uno de los factores más críticos, dado su peso directo en la operatoria diaria de la flota.
Falconnat también planteó dudas sobre la recepción oficial de la propuesta. “Es difícil vislumbrar un escenario positivo porque el Gobierno no ha dado indicios de comprender la gravedad del asunto”, sostuvo, al tiempo que remarcó la importancia del sector tanto por su aporte de divisas como por su impacto en el empleo.