Proponen audiencias públicas para elegir autoridades educativas

El bloque de diputados de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, todavía encabezado por Agustín Romo, presentó un proyecto de ley para reformar el funcionamiento del Consejo General de Cultura y Educación, uno de los órganos centrales en la definición de políticas educativas.

La iniciativa propone modificar la Ley de Educación Provincial N° 13.688 con el objetivo de establecer criterios más estrictos para la designación de sus integrantes. Entre los principales cambios, se incorporan requisitos de formación académica vinculada al área, una experiencia mínima de diez años en ámbitos educativos o culturales y antecedentes en cargos de gestión o conducción.

Según el texto, el foco está puesto en elevar el nivel técnico del organismo, encargado de planificar y supervisar políticas públicas en materia educativa. “Estamos proponiendo reglas claras para terminar con la discrecionalidad en la designación de consejeros”, señalaron desde el bloque en los fundamentos del proyecto, donde también remarcaron que “no puede ser que un órgano clave del sistema educativo no tenga estándares mínimos de idoneidad”.

Más controles y exposición pública

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la incorporación de mecanismos de transparencia en el proceso de designación. En ese sentido, se plantea que los candidatos deberán presentarse a audiencias públicas en la Cámara de Diputados, donde expondrán sus antecedentes, sus planes de trabajo y responderán preguntas de los legisladores.

Además, el Poder Ejecutivo deberá fundamentar cada nombramiento, detallando de manera explícita el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma. La intención es reducir los márgenes de decisión discrecional y someter las designaciones a un mayor control institucional.

A pesar de estos cambios, el proyecto no altera la composición del organismo, que continuará integrado por diez consejeros y el Director General de Cultura y Educación. “El régimen actual garantiza la representación de distintos sectores, aunque carece de estándares uniformes de idoneidad”, explicaron los autores de la iniciativa.

Exigencias más altas para el sector docente

En relación con la representación docente, la propuesta también endurece las condiciones. Los candidatos provenientes del sistema educativo estatal deberán ser docentes titulares con al menos siete años de antigüedad, contar con evaluaciones de desempeño destacadas y cumplir requisitos equivalentes a los exigidos para cargos directivos, en línea con el Estatuto del Docente.

Desde el bloque impulsor sintetizaron el espíritu del proyecto: “Queremos un Consejo más profesional, con personas que acrediten trayectoria real en educación y cultura, y con procesos de designación transparentes y abiertos al control público”.