Montenegro presentó una reforma del régimen penal juvenil bonaerense para adecuarlo a la nueva ley nacional

El senador provincial Guillermo Montenegro (PRO) presentó un proyecto para reformar el régimen de responsabilidad penal juvenil bonaerense. La iniciativa busca adecuar la Ley Provincial 13.634 a la flamante Ley Nacional 27.801, sancionada este año por el Congreso, que redujo la edad de imputabilidad de 16 a 14 años en todo el país.

Montenegro, intendente de Mar del Plata en uso de licencia, explicó que el objetivo es “actualizar un sistema que hoy resulta insuficiente para abordar una de las principales preocupaciones de los bonaerenses: la seguridad”. Para eso impulsa una “reforma integral” que, según dijo, alinee a la Provincia con los estándares nacionales y deje atrás un esquema “fragmentado y desactualizado”.

El legislador destacó que la Ley 27.801 representa “un avance considerable en materia del régimen penal juvenil”. Sostuvo que marca “la transición de una visión puramente tutelar del menor a una de responsabilidad penal respecto a los delitos cometidos, con amplia participación de la víctima”. Ese cambio de paradigma es el eje de la adecuación que propone para Buenos Aires.

La reforma no plantea derogar la Ley 13.634, sino reconfigurarla. “La comisión de delitos por parte de menores de edad es un fenómeno que se ha instalado hace tiempo, y que se ha potenciado en los últimos años en todo el país y la provincia”, argumentó Montenegro. Por eso busca un modelo “coherente con los principios de legalidad, proporcionalidad y especialización”.

Entre los instrumentos concretos, el proyecto incorpora la especialización obligatoria de jueces y operadores judiciales del fuero. También prevé la integración de equipos interdisciplinarios para abordar la complejidad social de los casos y la creación de mecanismos de seguimiento y control de las medidas aplicadas, para garantizar su cumplimiento y evaluación en el tiempo.

Para Montenegro, la falta de actualización normativa limita la capacidad del Estado. “Genera un doble impacto negativo, tanto en términos de seguridad como en la posibilidad de reencauzar las trayectorias de los jóvenes en conflicto con la ley penal”, expuso. Y remarcó: “Avanzar en un sistema moderno, especializado y alineado con la normativa nacional no constituye una opción, sino una necesidad estructural para la provincia de Buenos Aires”.

La iniciativa, respaldada por la totalidad del bloque de senadores bonaerenses del PRO, establece la responsabilidad penal a partir de los 14 años. Además, modifica el artículo 18 de la Ley 13.364 para “empoderar” a jueces, fiscales, defensores y órganos de control del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Otro cambio relevante es el modo de verificar la edad del menor. Hoy se hace con títulos de estado o dictamen pericial de un médico forense. El proyecto propone acreditarla con DNI, partidas de registro o cualquier documento válido. Si los informes no fueran concluyentes, “se presumirá la minoría de edad”, aclara el texto.

También se endurecen las medidas cautelares. Se habilitan prohibiciones para salir del país y para mantener contacto con determinadas personas, además del arresto domiciliario o la prisión preventiva por riesgo de fuga. En paralelo, se amplía la protección a la víctima, que podrá acceder a asistencia psicológica, patrocinio jurídico gratuito y participar de mediaciones con el adolescente imputado si así lo desea.

Pese al endurecimiento, la reforma mantiene límites claros. Establece que la privación de la libertad debe ser “el último recurso” y por el tiempo más breve posible. Y prohíbe la pena perpetua: la condena máxima para adolescentes será de 15 años. Con ese equilibrio entre sanción y resocialización, Montenegro busca que la Provincia tenga un régimen penal juvenil actualizado y operativo.