Docentes, estudiantes, trabajadores nodocentes y graduados protagonizaron este jueves una masiva Marcha de Antorchas en la ciudad de La Plata, en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización, que reunió a más de 20 mil personas, recorrió el centro de la capital bonaerense y volvió a poner en agenda el conflicto entre el sistema universitario y el Gobierno nacional.
La concentración comenzó frente a la Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y culminó en la Escuela Anexa, sede primaria de la casa de estudios. La convocatoria estuvo a cargo del Frente Gremial de la Universidad de La Plata, integrado por ADULP, ATULP y la Federación Universitaria de La Plata (FULP), bajo la consigna de no “naturalizar el ajuste ni el incumplimiento de la ley”.
Desde el movimiento estudiantil, la presidenta de la FULP sostuvo que la norma lleva más de seis meses aprobada y que el Ejecutivo nacional tiene la obligación de implementarla. En la misma línea, dirigentes sindicales advirtieron sobre el deterioro del sistema: el titular de ADULP, Octavio Miloni, denunció un “vaciamiento”, mientras que desde ATULP describieron una “situación asfixiante” para los trabajadores nodocentes.
El reclamo apunta directamente a la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, cuya aplicación —según los gremios— continúa demorada pese a haber sido ratificada por el Congreso y contar con aval judicial en distintas instancias. “Sin salarios dignos, sin presupuesto y sin políticas públicas, no hay universidad posible”, sintetizaron las organizaciones convocantes.
La protesta en La Plata se inscribe dentro de un plan de lucha más amplio impulsado por la Federación de Docentes Universitarios (CONADU), que incluye paros, visibilizaciones en el espacio público y acciones coordinadas en todo el país. En ese marco, ya fue convocada una nueva Marcha Federal Universitaria para el próximo 12 de mayo, con epicentro en Plaza de Mayo.
Además, la próxima semana se llevará adelante un paro nacional en las universidades públicas, previsto entre el 27 de abril y el 2 de mayo, lo que anticipa una profundización del conflicto.
La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, remarcó que el Gobierno nacional “lleva más de 180 días sin cumplir la ley”, pese a tratarse de una norma “votada, vetada y ratificada por dos tercios del Congreso”. También subrayó que existen fallos judiciales que respaldan su aplicación, lo que, según indicó, deja al Poder Ejecutivo como el único que se niega a implementarla.