En medio de una creciente preocupación por las amenazas registradas en distintas escuelas, la provincia de Buenos Aires definió una línea de acción clara: evitar respuestas punitivas y priorizar el abordaje educativo, el diálogo y el acompañamiento de los estudiantes.
En diálogo con medios bonaerenses, la ministra de Educación bonaerense, Flavia Terigi, sostuvo que estos episodios deben ser comprendidos en su complejidad y tratados como una oportunidad de intervención pedagógica. Según explicó, muchas de estas situaciones surgen en entornos digitales y no siempre son dimensionadas por los propios estudiantes, especialmente cuando se originan en desafíos virales o dinámicas de redes sociales.
En ese sentido, la funcionaria advirtió sobre la naturalización de conductas que, aunque presentadas como bromas, generan miedo y afectan la convivencia escolar. Desde la cartera educativa consideran clave trabajar en el reconocimiento del daño causado, promoviendo instancias de reparación y reflexión dentro del ámbito educativo.
El enfoque provincial también pone el foco en el rol de los adultos, especialmente frente a un mundo digital que muchas veces les resulta ajeno. La propuesta apunta a fortalecer el vínculo con los estudiantes, generar espacios de escucha activa y abordar estas problemáticas como parte integral de la educación.
Esta mirada contrasta con la estrategia adoptada por la Ciudad de Buenos Aires, donde el gobierno de Jorge Macri implementó un esquema que combina prevención con acciones judiciales. Allí, frente a amenazas concretas, se activaron protocolos específicos, se realizaron denuncias formales y se dio intervención al Ministerio Público Fiscal y a las fuerzas de seguridad.
Desde la administración porteña sostienen que este tipo de hechos no deben ser minimizados y pueden constituir delitos, lo que justificó la apertura de investigaciones y operativos en casos donde se identificaron responsables.
En la provincia, en cambio, se descartan medidas generalizadas como controles estrictos o el uso de mochilas transparentes, salvo en situaciones puntuales con orden judicial. La prioridad, insisten, es sostener a la escuela como un espacio educativo y no transformarla en un ámbito de vigilancia.
Más allá de las diferencias, ambos enfoques coinciden en un punto: la preocupación por el impacto de estas situaciones en la comunidad educativa. En esa línea, el gobierno bonaerense anticipó la convocatoria a una mesa interministerial para abordar la problemática junto a áreas como Salud, con especial énfasis en la salud mental.
En paralelo, desde las propias escuelas comenzaron a surgir iniciativas impulsadas por centros de estudiantes, que buscan generar conciencia sobre la gravedad de estas acciones