El bloque Convicción Federal del Senado calificó como un “grave retroceso institucional” la decisión del Gobierno Nacional de prohibir el ingreso de periodistas a la Casa de Gobierno. A la crítica se sumó la Unión Cívica Radical, que advirtió que se trata de una medida “que no registra antecedentes en la historia democrática” del país.
“Cuando el poder le pone candado a la prensa, no encierra periodistas sino a la verdad”, señalaron en un comunicado los senadores Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza, integrantes de Convicción Federal. El espacio, que preside la comisión de Libertad de Expresión del Senado, pidió la inmediata derogación de la medida dispuesta por el Ejecutivo.
En el documento, el bloque expresó su “más enérgico rechazo” a la decisión de impedir el acceso de periodistas acreditados a Balcarce 50. Sostuvieron que la restricción “anula la libertad de expresión y el derecho a la información” y remarcaron que una medida de ese tipo “nunca antes fue adoptada ni en las dictaduras militares”.
Convicción Federal reclamó “la plena garantía del libre ejercicio del periodismo en todos los ámbitos del Estado”. Subrayó que “sin prensa libre, no hay República” y alertó sobre los riesgos de condicionar el trabajo de los medios a la voluntad del gobierno de turno. El bloque tiene terminal en los gobernadores Raúl Jalil de Catamarca, Osvaldo Jaldo de Tucumán y Gustavo Sáenz de Salta.
Los senadores advirtieron que “en una democracia plena, el trabajo de la prensa no puede estar condicionado por la discrecionalidad del poder político”. Agregaron que “cuando un gobierno decide quién puede ingresar, cómo debe ejercer su labor y bajo qué condiciones, la libertad de prensa deja de ser un derecho garantizado por la Constitución para transformarse en un permiso sujeto a la voluntad de los funcionarios”.
La UCR también se pronunció con dureza. El partido centenario definió la prohibición como “una medida que no registra antecedentes en la historia democrática reciente” y reclamó “restablecer el acceso de los periodistas a la sede del Poder Ejecutivo a la brevedad”. El planteo apunta a revertir la restricción impuesta a los cronistas acreditados en Casa Rosada.
El Comité Nacional de la UCR, que preside Leonel Chiarella, sostuvo que “el periodismo profesional cumple una función esencial en toda sociedad que aspira a ser verdaderamente libre: hacer posible que los ciudadanos estén informados sobre los actos de gobierno”. En esa línea, el partido pidió que esa tarea sea reconocida y protegida.
Desde el radicalismo plantearon que la labor periodística “no debe ser obstaculizada” por el Estado. Consideraron que el acceso a la información pública y la cobertura de los actos oficiales son pilares del sistema republicano y que limitarlos implica un daño institucional que trasciende a los medios.
El doble pronunciamiento opositor unificó críticas desde espacios con distinto vínculo con el oficialismo. Mientras Convicción Federal mantiene buena sintonía con la Casa Rosada en otros temas, esta vez marcó un límite claro. La UCR, en tanto, reforzó su perfil de control institucional y defensa de la libertad de expresión ante lo que considera un hecho inédito desde 1983.