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Sin prensa en Casa Rosada: una medida inédita que enciende alarmas sobre la libertad de expresión
12:33 |Eliminaron accesos a periodistas acreditados y justificaron la decisión en una denuncia por presunto espionaje. FOPEA alertó por la “gravedad institucional” de la medida.
El Gobierno de Javier Milei resolvió impedir el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada, en una decisión que no registra antecedentes. La medida incluyó la no renovación de las credenciales anuales y la eliminación de las huellas dactilares del sistema de acceso, lo que dejó sin posibilidad de ingreso a quienes cubren diariamente la actividad del Poder Ejecutivo.
Como consecuencia, la histórica Sala de Periodistas quedó cerrada “hasta nuevo aviso”, interrumpiendo de manera total la cobertura presencial en Balcarce 50. Según informó la periodista Liliana Franco en Ámbito, los trabajadores de prensa se enteraron de la decisión directamente en las rejas de ingreso, sin comunicación oficial previa.
La justificación oficial y la denuncia penal
Desde el Gobierno argumentaron que la medida responde a una denuncia por presunto espionaje ilegal. El secretario de Comunicación, Javier Lanari, sostuvo que la eliminación de los accesos biométricos fue adoptada de manera preventiva para “garantizar la seguridad nacional”.
El origen del conflicto se vincula con la denuncia presentada por Casa Militar —organismo encargado de la seguridad de la sede gubernamental— contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, del canal TN, tras la difusión de imágenes registradas dentro de la Casa Rosada mediante el uso de una cámara oculta.
El Gobierno encuadró el hecho dentro de los delitos vinculados al espionaje ilegal, que contemplan penas de uno a seis años de prisión, al considerar que podría haberse comprometido información sensible.
Sin embargo, desde el ámbito periodístico se remarca que las imágenes corresponden a espacios públicos dentro de un edificio estatal, sin acceso a documentación ni áreas restringidas.
La lectura crítica desde el periodismo
En ese contexto, el periodista Ari Lijalad, en su editorial en El Destape, cuestionó la lógica de la acusación y advirtió sobre un cambio de paradigma en la relación entre el poder y la prensa.
Según planteó, se configura una situación en la que se invierte el sentido del delito: “se acusa de espionaje a quienes informan, incluso cuando no se accede a información reservada ni se vulneran espacios privados”. Además, vinculó la medida con un contexto político más amplio, señalando que la restricción al acceso periodístico coincidió con la visita al país de Peter Thiel, conocido por sus posturas críticas hacia la democracia representativa.
Rechazo de FOPEA y advertencias institucionales
Por su parte, el Foro de Periodismo Argentino expresó un enérgico rechazo a la decisión oficial y advirtió sobre su impacto institucional. La entidad señaló que la medida afecta de manera generalizada a todos los periodistas acreditados y altera las condiciones básicas para el ejercicio de la cobertura en el principal ámbito de funcionamiento del Poder Ejecutivo.
Desde FOPEA calificaron la situación como de “extrema gravedad institucional”, al considerar que no solo restringe el trabajo de la prensa, sino que también vulnera el derecho de la ciudadanía a acceder a información pública.
En ese sentido, advirtieron que la restricción implica, en los hechos, limitar la posibilidad de que la sociedad conozca, comprenda y controle la actividad de sus gobernantes, afectando directamente uno de los pilares del sistema democrático.
Asimismo, señalaron que, según distintas fuentes, la decisión habría sido adoptada a partir de la denuncia presentada por Casa Militar contra los periodistas de TN por la difusión de imágenes en el interior de la Casa Rosada.
Un escenario abierto y sin definiciones
Hasta el momento, el Gobierno no informó cuándo se restablecerán las acreditaciones ni bajo qué condiciones podrá retomarse el ingreso de periodistas. Mientras tanto, la cobertura directa de la actividad presidencial permanece interrumpida, en un escenario que genera creciente preocupación en el ámbito periodístico y político.
La decisión, inédita en democracia, vuelve a poner en el centro del debate el vínculo entre el poder y la prensa, y abre interrogantes sobre el alcance real de las restricciones y sus consecuencias a largo plazo.
