Diputados de Kicillof lanzan ofensiva en el Congreso para frenar el cierre de FATE y blindar la industria del neumático

Con el aval directo del gobernador Axel Kicillof, los diputados nacionales de Unión por la Patria que integran el Movimiento Derecho al Futuro comenzaron a moverse como bloque en el Congreso. La primera señal fue la presentación conjunta de dos proyectos de ley que buscan dar una respuesta integral al cierre de FATE y al desmantelamiento de la industria nacional del neumático, un sector que quedó en jaque tras el anuncio de desvinculación de 920 trabajadores el pasado 18 de febrero de 2026.

Los textos llevan la firma de los diputados bonaerenses Juan Marino, Hugo Yasky, Hugo Moyano, Jorge Taiana, Santiago Cafiero y Victoria Tolosa Paz, todos alineados con el ex ministro de Economía. También adhirió la massista Sabrina Selva, que mantiene una sintonía política directa con Kicillof. A ese núcleo se sumaron los legisladores Cristian Andino, Ana María Ianni, Martín Aveiro, Nancy Sand, Beba Aguirre, Andrea Freites y Blanca Osuna, consolidando un armado federal dentro del oficialismo.

El dato político fuerte es que ambos proyectos fueron revisados y corregidos por los equipos técnicos de los ministerios de Producción y de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Esa intervención deja en evidencia que el grupo de diputados ya actúa en el Congreso como portaestandarte legislativo del kicillofismo, coordinando la agenda con La Plata antes de llevarla al recinto.

El primer proyecto declara la emergencia pública del sector del neumático por 24 meses y crea el Programa de Protección Nacional de la Industria del Neumático. Se trata de un régimen integral de defensa comercial e industrial que propone restablecer el arancel extrazona al 35%, el máximo que Argentina tiene consolidado ante la OMC y que hoy está reducido al 16% por el Decreto 908/2024. También plantea reincorporar controles aduaneros sobre importaciones subfacturadas e instar a la apertura de investigaciones antidumping y por subvenciones contra los neumáticos de origen chino.

Ese mismo texto busca restituir el Certificado de Importación de Neumáticos (CIN) y el régimen de licencias no automáticas, imponer normas técnicas obligatorias de seguridad y etiquetado, y establecer un régimen de Compre Nacional para el sector público. Además, incorpora líneas de crédito subsidiadas e incentivos fiscales transitorios para los fabricantes locales, con el objetivo de sostener la producción y evitar nuevas caídas de empleo en la cadena.

El segundo proyecto dispone la ocupación temporaria de la planta industrial de FATE en Virreyes, partido de San Fernando, por doce meses prorrogables por única vez, bajo el marco del Título IX de la Ley 21.499. Para ejecutarlo, crea una Unidad Ejecutora Especial de Reactivación Productiva con participación obrera mediante una Comisión de Control y Seguimiento. También establece un Programa Nacional de Recuperación de Capacidades Técnicas y Productivas para relevar, convocar y recontratar al personal desvinculado.

El cierre de FATE dejó a la Argentina sin capacidad nacional de producción de neumáticos radiales para camiones y colectivos, el segmento más sensible para el transporte de cargas y pasajeros. El impacto se da en un contexto de importaciones récord: en 2025 ingresaron neumáticos por 688,5 millones de dólares, un salto de 44,8% interanual. Por primera vez desde 2018, China superó a Brasil como principal proveedor del país.

En los fundamentos, los diputados advierten que “los grandes mercados del mundo están endureciendo sus defensas frente al ingreso masivo de neumáticos de origen chino” mientras que “la Argentina fue el único país que optó por desmantelarlas”. Sostienen que “defender la industria nacional del neumático no es proteger un interés corporativo: es proteger trabajo argentino, capacidad productiva, soberanía tecnológica y abastecimiento estratégico”, y recuerdan que la Constitución le impone al Congreso la obligación de promover la industria.