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Dieciocho provincias se pronunciaron contra la reforma de la Ley de Salud Mental
17:17 |Autoridades sanitarias expresaron su “enérgico rechazo” al proyecto enviado por el Gobierno Nacional y advirtieron por un retroceso en derechos y financiamiento.
El envío al Senado de un proyecto para modificar la Ley de Salud Mental encendió señales de alerta en gran parte del país. En la antesala de una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), ministros y ministras provinciales comenzaron a fijar postura frente a la iniciativa del Gobierno Nacional.
El debate tomó fuerza durante el último Consejo de Salud Provincial (CoSaPro), realizado en Mar del Plata, donde el ministro bonaerense Nicolás Kreplak encabezó un encuentro con autoridades de 18 provincias para analizar la situación del sistema y el impacto de los cambios propuestos.
La ley actual de Salud Mental dice: compromiso financiamiento.
— Nicolás Kreplak (@nkreplak) April 19, 2026
La modificación que propone nación: sin financiamiento.
Después chamuyen lo que quieran, pero la única realidad es que lo que hacen es ajustar en salud mental.
El problema no es la Ley. Es que no la cumplen.… pic.twitter.com/37BPbjbhW1
La preocupación se apoya en cifras oficiales que reflejan un incremento del 77% en las internaciones por salud mental y del 134% en la demanda de atención ambulatoria durante el último año. Según se planteó, estos datos generan una “profunda preocupación”, en especial por “la problemática del suicidio y por el deterioro de las condiciones de acceso a la atención“.
En ese marco, los funcionarios provinciales manifestaron su “enérgico rechazo” al proyecto al considerar que “implica un retroceso en materia de derechos al retirar fuentes de financiamiento esenciales, incorporar nuevas barreras de acceso a la atención en situaciones de urgencia e internación, y desarticular el enfoque comunitario que establece la legislación vigente“.
Además, remarcaron la “urgente necesidad de reactivar el COFESAMA” y subrayaron que “los padecimientos en salud mental tienen impactos de mediano y largo plazo y requieren políticas sostenidas en el tiempo“. Del pronunciamiento participaron representantes de La Pampa, Neuquén, Tierra del Fuego, Misiones, Buenos Aires, Santiago del Estero, Chubut, Salta, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Tucumán, Formosa, Corrientes, La Rioja, Jujuy, Santa Cruz y San Luis.
El rechazo también se replicó en la asamblea que reunió a la Provincia con los 135 municipios bonaerenses, donde se respaldó el documento Lineamientos para las políticas públicas de Salud Mental y Consumos Problemáticos en los Municipios de la Provincia de Buenos Aires y se ratificó la defensa de la normativa vigente “frente a intentos de modificación que implican un claro retroceso y deterioro en la calidad de atención”. “Cualquier intento de reforma regresiva que limite derechos o reduzca el financiamiento solo agravará la crisis actual”, consignaron.
