La Justicia respalda al gremio farmacéutico y crecen las dudas sobre vínculos entre medios y empresas del sector

La Justicia le dio la razón al gremio de los farmacéuticos en el marco de la causa que investiga presuntas coimas en el sistema de discapacidad, un expediente que en las últimas semanas incorporó nuevos elementos y comenzó a escalar en complejidad, con derivaciones que exceden lo estrictamente judicial.

Según lo publicado por el sitio Infogremiales, la investigación sumó audios, posibles aportes al financiamiento político y una trama de relaciones que involucra a distintos actores del sector. En ese contexto, el titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB), Marcelo Peretta, ya venía advirtiendo sobre la existencia de vínculos que podrían incidir tanto en decisiones económicas como en el tratamiento mediático del tema.

Uno de los puntos más sensibles de la causa surge a partir de audios atribuidos a la exvocera Florencia Pérez Roldán, donde se menciona que la familia Kovalivker, vinculada a la droguería Suizo Argentina —también señalada en la investigación— habría aportado alrededor de 70 mil dólares para financiar el acto que el presidente Javier Milei encabezó en el Movistar Arena en octubre de 2025.

De acuerdo a esa línea investigativa, la operatoria habría sido canalizada a través del organizador Andrés Mego y es analizada por la Justicia bajo la figura de posibles dádivas a un funcionario público. El dato suma una dimensión política a un expediente que ya presentaba ramificaciones en el ámbito empresarial.

En paralelo, la causa también incorpora testimonios que refieren a la circulación de información sensible en torno a allanamientos vinculados a la investigación. En ese marco, se menciona de manera puntual al periodista Eduardo Feinmann, quien fue señalado en audios difundidos públicamente por una presunta advertencia previa a uno de los operativos. El propio comunicador negó esa versión y aseguró no haber tenido conocimiento anticipado del procedimiento.

Más allá de esa situación puntual, lo que comienza a tomar forma es una discusión más amplia: la posible existencia de vínculos comerciales entre empresas del sector farmacéutico y actores mediáticos, ya sea a través de pauta publicitaria o sponsoreo. De confirmarse, esos nexos podrían abrir interrogantes sobre eventuales conflictos de interés en la cobertura de temas sensibles vinculados a la salud pública.

En esa línea, Peretta denunció reiteradamente la existencia de una “mafia de los medicamentos”, en la que, según sostuvo, confluyen intereses empresariales, judiciales y mediáticos. Sus declaraciones, lejos de quedar aisladas, empiezan a dialogar con los nuevos elementos que incorpora la causa.

El expediente, centrado originalmente en supuestas irregularidades dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se transformó así en un caso de múltiples capas. A los aspectos judiciales se suman ahora derivaciones políticas, empresariales y mediáticas, configurando un escenario donde los límites entre información, intereses económicos y poder aparecen cada vez más difusos.