Buscan que el Estado administre una planta de FATE por un año

En medio de un contexto económico frágil y con las cadenas de suministro bajo tensión, el oficialismo avanzó con un proyecto que propone la “ocupación temporal” de una planta de la empresa FATE, una de las principales fabricantes de neumáticos del país. La iniciativa, impulsada por el senador bonaerense Federico Fagioli, del bloque Unión por la Patria, plantea declarar de utilidad pública y carácter estratégico a la actividad neumática.

El eje de la propuesta es claro: habilitar al Estado provincial a intervenir el establecimiento industrial, incluyendo instalaciones, maquinaria, insumos y todos los recursos vinculados al proceso productivo, con el objetivo de sostener la producción, preservar el empleo y asegurar el abastecimiento del mercado interno.

La medida tendría un plazo inicial de un año, con posibilidad de prórroga si persisten las condiciones que motivaron su implementación. Según los fundamentos del proyecto, la fabricación de neumáticos es considerada crítica para el funcionamiento del sistema económico, en particular por su impacto directo en el transporte de cargas y pasajeros, la logística de distribución, el abastecimiento de alimentos y medicamentos, y la actividad agropecuaria.

Durante el período de intervención, el Estado asumiría la administración de la planta, con la posibilidad de incorporar esquemas de participación de los trabajadores en la gestión. En esa línea, el proyecto establece la reincorporación de la totalidad de la plantilla laboral y habilita la contratación adicional de personal, priorizando a ex trabajadores de la firma.

En términos jurídicos, la iniciativa intenta moverse en una zona quirúrgicamente delicada: aclara que se trata de una medida excepcional y transitoria, que no implica expropiación ni transferencia de dominio, sino una intervención limitada orientada a garantizar la continuidad productiva. Aun así, prevé un régimen indemnizatorio por eventuales daños derivados de la ocupación, aunque excluye compensaciones por el uso de los activos durante el período de intervención. Un detalle que seguramente no pasará desapercibido en el sector empresario.

El proyecto también establece que el Poder Ejecutivo deberá diseñar un plan de continuidad productiva con foco en el abastecimiento del mercado interno, especialmente en el segmento de neumáticos para transporte de cargas. Además, habilita la articulación con organismos públicos, universidades y entidades técnicas para sostener el funcionamiento operativo de la planta.

La salida de la intervención, por su parte, quedaría atada a que la empresa presente un plan que garantice la continuidad de la producción y el mantenimiento de todos los puestos de trabajo. Es decir, el Estado entra, ordena y se retira solo si hay garantías. En papel suena prolijo; en la práctica, ya se verá.

En los fundamentos, el texto advierte que una eventual interrupción de la producción tendría efectos directos sobre el entramado económico y social, en un escenario atravesado por la inestabilidad macroeconómica. En ese marco, se apela al principio de la función social de la propiedad como sustento jurídico para justificar la intervención estatal en un sector considerado estratégico.