Impulsan en Buenos Aires una ley para eximir del pago de patente a docentes rurales

La diputada bonaerense de la UCR – Cambio Federal, Silvina Vaccarezza, presentó un proyecto de ley que propone eximir del pago del Impuesto Automotor a docentes rurales, en reconocimiento a las condiciones particulares en las que desarrollan su tarea en zonas alejadas y con escasa infraestructura.

La iniciativa pone el foco en las dificultades estructurales que atraviesa la educación rural, caracterizada por el aislamiento geográfico, las limitaciones en el acceso a servicios básicos y las complicaciones logísticas que enfrentan tanto docentes como estudiantes. En ese marco, la legisladora subraya que esta modalidad educativa requiere adaptaciones específicas para garantizar la escolaridad obligatoria.

En los fundamentos del proyecto, Vaccarezza advierte que quienes enseñan en contextos rurales suelen desempeñarse en escuelas pequeñas, muchas veces ubicadas en zonas de difícil acceso, con caminos de tierra y distancias extensas que dificultan no solo la llegada diaria a los establecimientos, sino también el acceso a recursos pedagógicos y la articulación con otros docentes.

“La educación rural presenta desafíos específicos para los docentes, que a menudo trabajan en escuelas pequeñas y aisladas, con acceso por caminos de tierra que dificulta la llegada de recursos educativos y la colaboración con otros colegas. Además, se enfrentan a infraestructuras deficientes, como falta de electricidad o acceso a internet”, sostuvo la diputada.

En este escenario, el proyecto introduce uno de sus ejes centrales: el reconocimiento del vehículo particular como una herramienta indispensable para el trabajo docente. Según plantea la iniciativa, en muchos casos el automóvil no solo cumple una función de traslado, sino que se convierte en el único medio operativo para sostener el vínculo entre la escuela y la comunidad, e incluso para responder ante emergencias.

“Es, en los hechos, un vehículo particular puesto al servicio público”, señala Vaccarezza, al remarcar que esta situación adquiere mayor relevancia en territorios donde las distancias son amplias y los servicios escasos.

Para contextualizar la propuesta, la legisladora también retomó la clasificación de ruralidad establecida por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, que contempla distintos niveles de desfavorabilidad —desde condiciones normales hasta categorías III, IV y V—, evidenciando las condiciones excepcionales en las que se desempeñan muchos docentes.