La ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, rechazó el proyecto de Ley de Propiedad Privada que se discute en el Senado y sostuvo que se trata de “un diseño coordinado para transferir activos estratégicos soberanos a intereses extranjeros”. Lo afirmó en declaraciones a Radio Provincia, donde cuestionó que la iniciativa avance “bajo el falso argumento de traer inversiones”.
Vilar participó días atrás del segundo plenario de comisiones en la Cámara alta para debatir la propuesta del oficialismo. En ese ámbito mantuvo un contrapunto con la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. Según la funcionaria bonaerense, el paquete de inviolabilidad de la Propiedad Privada modifica de raíz varias normas vigentes vinculadas al uso del suelo y la protección ambiental.
Entre los puntos que cuestionó, mencionó que el proyecto elimina todos los topes de venta de tierras a manos extranjeras establecidos en la Ley de Tierras. Además, deroga la Ley de Fuego, que “previene las quemas con fines especulativos, para transferir nuestros ecosistemas a la especulación”, según definió. También suprime el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), lo que “implica una transferencia de los sectores más vulnerables hacia los desarrolladores inmobiliarios”, y modifica las normas de Expropiación y de Desalojo.
Para la politóloga, la iniciativa no es un hecho aislado. “Esta avanzada se complementa con la Ley de Glaciares y lo que anunciaron que se viene, que es la Ley de Bosques”, sostuvo. Agregó que, “junto con el RIGI, se configura un plan estratégico de despojo de nuestros tesoros y recursos más valiosos a manos extranjeras”, en línea con “lo escribieron Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, y las prerrogativas del FMI”.
Vilar advirtió que el argumento de atraer capitales no justifica los cambios. “En el mundo se sabe que no hace falta ser dueño de la tierra para generar inversiones, y que se usan concesiones, arrendamientos o acuerdos con capitales extranjeros y propiedad de territorio local para llevar adelante un desarrollo”, explicó. Por eso, consideró que “lo que hay detrás no es un fin productivo, sino la entrega”.
La ministra recordó que existen leyes de presupuestos mínimos ambientales que deben respetarse por mandato constitucional en todo el territorio nacional. “Los gobernadores pueden definir si elevan la protección o se plantan en ese piso, pero no pueden bajar la protección de esos bienes comunes porque son estratégicos para la Nación”, remarcó. Con ese marco, cuestionó que se desmantelen herramientas que regulan el uso del suelo y los recursos naturales.
Sobre el final, vinculó el avance del proyecto con la situación judicial de la expresidenta. “Todo esto no estaría pasando si Cristina no estuviera presa y proscripta”, dijo, y recordó que muchas de las normas que ahora se buscan modificar “las impulsó ella”. En ese sentido, planteó que “la posibilidad de que esto suceda es con un peronismo debilitado y para eso tienen a Cristina secuestrada”.