Senadores bonaerenses de Fuerza Patria impulsan un proyecto para limitar el uso de cámaras de seguridad en el trabajo

Senadores bonaerenses del bloque Fuerza Patria presentaron un proyecto de ley para regular la instalación y el uso de cámaras de seguridad en ámbitos laborales dentro de la Provincia de Buenos Aires. La propuesta apunta a resguardar la dignidad y la privacidad de los trabajadores, y a limitar el empleo de estos dispositivos exclusivamente a fines de seguridad y prevención de riesgos.

El texto define a las cámaras de seguridad como dispositivos destinados a la captura de imágenes con fines preventivos y delimita el ámbito laboral como cualquier espacio donde exista una relación de dependencia. Sobre esa base, los impulsores establecieron principios rectores que deberán guiar la utilización de la videovigilancia en los establecimientos de trabajo: privacidad, transparencia, proporcionalidad, legalidad, finalidad específica, seguridad de los datos y no discriminación.

La iniciativa prevé que la eventual norma alcance tanto al sector público como al privado, e incluye espacios físicos y modalidades de teletrabajo. En su articulado, propone que el único objetivo del uso de cámaras sea la protección de personas y bienes, además de la prevención de riesgos laborales. De forma expresa, prohíbe cualquier utilización vinculada al control del desempeño, la productividad o la evaluación de los trabajadores.

“La videovigilancia se ha expandido en la sociedad y, particularmente, en el ámbito laboral, generando una tensión entre la seguridad de los bienes y las personas, y el derecho a la dignidad e intimidad de los trabajadores”, señalaron los autores del proyecto al fundamentar la necesidad de la regulación.

En cuanto al alcance, el proyecto incorpora obligaciones concretas para los empleadores en materia de información. Exige que los trabajadores reciban una notificación previa, clara y detallada sobre la existencia de cámaras, su ubicación, la finalidad del registro y el tiempo de conservación de las imágenes. También fija límites sobre la orientación de los dispositivos: deberán registrar paneos generales y no podrán enfocarse en puestos específicos, trabajadores determinados, zonas de descanso, accesos a sanitarios o vestuarios.

El expediente dedica un capítulo a la protección de datos personales, en línea con la Ley Nacional N°25.326. Allí establece un plazo máximo de conservación de las imágenes de 30 días, prohíbe su difusión sin orden judicial y dispone que los dispositivos no podrán captar sonido en ningún caso. De este modo, se busca evitar registros que excedan la finalidad preventiva declarada.

La propuesta además incluye restricciones vinculadas a la inteligencia artificial aplicada a los sistemas de videovigilancia. Prohíbe el uso de identificación biométrica, reconocimiento facial o cualquier mecanismo que permita evaluar el rendimiento laboral a partir de imágenes. “La implementación de estas herramientas no puede derivar en prácticas de vigilancia que vulneren derechos fundamentales ni habilitar mecanismos de control encubierto sobre las y los trabajadores”, sostuvieron desde la bancada oficialista.

Finalmente, el proyecto designa al Ministerio de Trabajo bonaerense como autoridad de aplicación de la futura ley. Ese organismo tendrá la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de la normativa y elaborar protocolos específicos para garantizar un uso adecuado de los sistemas. También prevé que las entidades sindicales participen en las auditorías periódicas que realice la cartera provincial y que los resultados de esos controles se pongan a disposición de los trabajadores.