El senador bonaerense de La Libertad Avanza, Matías de Urraza, presentó un proyecto de ley para reformar de manera integral la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de reducir su estructura, achicar el gasto público y redefinir su funcionamiento.
La iniciativa apunta directamente al esquema de conducción del organismo. Actualmente compuesto por nueve cargos jerárquicos, el proyecto propone reducirlo a solo dos: un Defensor del Pueblo y un Defensor General. Según detalló el legislador, la modificación implicaría la eliminación de siete cargos superiores junto con sus estructuras asociadas, lo que tendría un impacto directo en el gasto estatal.
“No puede haber organismos que crecen en cargos y presupuesto sin dar resultados. Hay que ordenar el Estado y terminar con estructuras que no le mejoran la vida a los bonaerenses”, sostuvo de Urraza al fundamentar su propuesta.
El proyecto también contempla un recorte en la asignación presupuestaria del organismo. En concreto, plantea reducir la partida del 0,086% actual del presupuesto provincial al 0,035%. Para el senador, el esquema vigente consolidó “una estructura burocrática sobredimensionada, con designaciones políticas y multiplicación de puestos”, lo que —según argumentó— afecta la eficiencia del organismo.
En esa línea, el legislador también cuestionó la independencia de la Defensoría, al señalar que “muchas veces termina funcionando en sintonía con el poder político de turno”, lo que limita su rol como órgano de control.
“Un organismo de control no puede ser un Estado dentro del Estado. Necesitamos estructuras simples, eficientes y al servicio de los ciudadanos”, concluyó.
Desde InfoMiBA se intentó establecer comunicación con referentes de la Defensoría del Pueblo bonaerense para conocer su postura frente al proyecto, pero hasta el momento no hubo respuestas oficiales. No obstante, en paralelo al avance de la iniciativa legislativa, desde el propio ecosistema de defensorías provinciales se viene remarcando la importancia de estos organismos en el sistema institucional. En ese marco, el Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia, Walter Martello, participó recientemente del encuentro “Defensores: la democracia completa”, organizado por la Fundación Éforo, donde se puso en valor el rol de estas entidades.
Durante la jornada, Martello advirtió que la ausencia del Defensor del Pueblo de la Nación —cargo vacante desde hace más de diez años— debilita el sistema de control institucional y limita la defensa de los sectores más vulnerables frente a decisiones del Estado nacional.
Además, planteó que, ante un escenario de creciente complejidad social y económica, las defensorías provinciales y municipales están asumiendo funciones cada vez más relevantes, lo que requiere —según expresó— mayor respaldo institucional y una articulación efectiva a nivel nacional.
El contrapunto, entonces, queda planteado: mientras desde sectores libertarios se impulsa una reducción drástica de la estructura, desde el ámbito de las defensorías se insiste en fortalecer estos organismos como herramientas clave para la defensa de derechos. Una discusión que, previsiblemente, recién empieza y promete ruido político del bueno.