Embargo millonario y contaminación sin freno: piden explicaciones a Kicillof por el saneamiento del Arroyo El Gato

El conflicto ambiental en torno a la cuenca del Arroyo El Gato volvió a escalar en la agenda política bonaerense, esta vez con un fuerte componente judicial y económico. El senador de La Libertad Avanza, Carlos Curestis, presentó un pedido de informes para que el gobierno de Axel Kicillof detalle el estado de las obras de saneamiento, luego de que la Justicia federal dispusiera un embargo por $157.000 millones contra la Provincia.

El reclamo apunta a una problemática estructural que atraviesa desde hace más de veinte años a la cuenca que integran el Arroyo El Gato, el Río Santiago y el Río de la Plata, marcada por la contaminación cloacal e industrial persistente y la falta de respuestas sostenidas por parte del Estado.

El proyecto legislativo exige información precisa sobre el avance de las obras, incluyendo responsables técnicos, plazos de ejecución, ubicación y estado actual de cada intervención. También pone el foco en los controles ambientales vigentes y en la necesidad de contar con datos actualizados sobre la calidad del agua, contemplando parámetros químicos, físicos y biológicos que permitan dimensionar el nivel de deterioro del sistema hídrico.

El trasfondo del pedido es el fallo del juez federal Alberto Recondo, quien ordenó el embargo como respuesta a lo que definió como una “prolongada inacción” del gobierno provincial. La resolución se apoyó en un informe técnico de la Universidad Nacional de La Plata que advirtió un “grado de contaminación aberrante” en toda la cuenca, convertida en un depósito de residuos cloacales e industriales.

En ese marco, Curestis también solicitó una evaluación integral del impacto ambiental sobre la flora, la fauna y la población humana, además de un detalle de las medidas de mitigación implementadas hasta el momento y su nivel de efectividad. La iniciativa busca, en definitiva, establecer un diagnóstico claro sobre una crisis ambiental que combina riesgos sanitarios, incumplimientos judiciales y falta de planificación sostenida.

El frente económico no queda afuera de la discusión. El legislador libertario pidió precisiones sobre cómo impacta el embargo en las cuentas provinciales, qué partidas fueron afectadas y si el Ejecutivo evalúa tomar deuda para afrontar las obligaciones derivadas del fallo. Montos, plazos, tasas y condiciones forman parte del paquete de información requerido.

El dato incómodo para la gestión provincial es que las obras de saneamiento ya habían sido anunciadas en 2022, con una inversión estimada del 0,67% del presupuesto bonaerense, pero nunca lograron consolidarse en un plan integral. La consecuencia es el escenario actual: una causa judicial activa, un embargo millonario y una cuenca que sigue acumulando contaminación.