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Kicillof escala el conflicto con Milei por las rutas y juega fuerte para sostener a AUBASA
13:37 |La Provincia impugnó su exclusión de una licitación clave, presentó una garantía millonaria y denunció arbitrariedades en el proceso. La pulseada expone el choque de modelos entre Nación y Buenos Aires.
Otra pelea más en la larga saga Nación vs Provincia, pero con asfalto, peajes y bastante plata en juego. El gobierno bonaerense, encabezado por Axel Kicillof, decidió pasar de las quejas a los papeles y formalizó una impugnación contra su exclusión de la licitación del corredor de la autopista Riccheri, una de las arterias más estratégicas del país.
La movida no fue simbólica: incluyó respaldo técnico y la activación de una garantía de 350 millones de pesos. En criollo, no es un berrinche político sino una jugada diseñada para obligar a Nación a justificar cada paso.
La decisión de dejar afuera a AUBASA —la empresa estatal bonaerense que gestiona corredores viales— fue tomada en la etapa de precalificación por Vialidad Nacional, bajo la órbita del gobierno de Javier Milei. Desde la Provincia sostienen que la exclusión carece de fundamentos sólidos y responde a criterios discrecionales que, convenientemente, dejan el negocio en manos privadas. Qué casualidad.
El argumento técnico que encendió la mecha es casi de manual burocrático: según Nación, AUBASA no acreditó experiencia en ejecución directa de obras viales, un requisito central en los pliegos. Desde Buenos Aires contraatacaron con una lectura más amplia y, hay que decirlo, bastante razonable: no todo en una concesión es poner cemento. También cuenta —y mucho— la capacidad de operar, mantener y gestionar corredores complejos.
Para sostener esa postura, la Provincia incluso apeló a doctrina jurídica sobre concesiones públicas, buscando demostrar que la idoneidad no puede medirse con una vara tan estrecha que, casualmente, deje afuera a una empresa estatal.
Pero la ofensiva no se quedó ahí. En la impugnación también se apunta contra algunas firmas privadas que siguen en carrera. Según el planteo bonaerense, ciertas empresas habrían sido habilitadas pese a inconsistencias técnicas, financieras o documentales. Traducido: si el filtro es tan exigente, parece que no es igual para todos.
El trasfondo es más grande que una autopista. Lo que está en juego es el modelo de gestión de la infraestructura vial. Mientras el gobierno nacional avanza con un esquema de concesiones privadas dentro de la Red Federal de Concesiones, la administración de Kicillof insiste en defender el rol de las empresas públicas en áreas estratégicas. Dos visiones que no se toleran ni en el mismo carril.
El corredor en disputa —el tramo Sur-Atlántico–Acceso Sur— no es menor: conecta el Área Metropolitana con zonas de alto tránsito y relevancia económica. La concesión podría extenderse hasta 20 años e incluye cambios en el sistema de peajes y la incorporación de nuevas tecnologías de cobro. Es decir, un negocio de largo plazo con impacto directo en millones de usuarios.
En La Plata interpretan que la exclusión de AUBASA tiene un claro sesgo político y busca reducir la influencia provincial en un sector clave. Desde Nación, en cambio, el silencio administrativo deja correr el reloj mientras el proceso avanza.
La definición ahora queda en manos del Ejecutivo nacional, que deberá decidir si hace lugar a la impugnación o ratifica la exclusión. No es solo una cuestión técnica: el fallo puede tensar todavía más una relación política que ya viene bastante deteriorada.
