La avanzada del Gobierno nacional sobre el complejo hotelero de Chapadmalal sumó en las últimas horas un capítulo que tensiona aún más el escenario: trabajadores que viven dentro del predio fueron intimados a desalojar sus viviendas en un plazo de diez días. La medida, impulsada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), encendió la alarma entre más de 20 familias que temen que el proceso derive en despidos y pérdida de su lugar de residencia.
El conflicto se da en paralelo a los planes de la gestión de Javier Milei de avanzar con la licitación del histórico complejo por un período de 30 años. La iniciativa, confirmada el pasado 25 de marzo por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, proyecta una concesión a largo plazo que, por ahora, deja en una zona de absoluta incertidumbre a quienes sostienen el funcionamiento cotidiano del predio.
La notificación sorprendió a trabajadores que, pese a la paralización de actividades turísticas, continuaron desempeñando tareas de mantenimiento y preservación de las instalaciones. En un esquema de funcionamiento reducido al mínimo, el complejo permanece bajo vigilancia periódica de fuerzas federales, mientras el personal cumple funciones básicas para evitar su deterioro.
Durante décadas, parte de esos empleados accedió a viviendas dentro del predio bajo la modalidad de cesión en préstamo, vinculada directamente a su relación laboral. Los servicios corrían por cuenta de los propios trabajadores, en un sistema que combinaba empleo y residencia como parte de la dinámica del complejo. Ese equilibrio, hoy, aparece roto.
La intimación de la AABE reconfigura el escenario de manera abrupta: de un esquema de mantenimiento pasivo a la amenaza concreta de desalojo. En ese tránsito, lo que se pone en juego no es solo la continuidad laboral, sino también la estabilidad habitacional de familias que llevan años, en algunos casos décadas, ligadas a Chapadmalal.
Con la licitación en el horizonte y sin definiciones oficiales sobre la situación del personal, el conflicto abre un interrogante incómodo pero inevitable: qué lugar tendrán los trabajadores en el nuevo modelo que se pretende instalar sobre uno de los emblemas históricos del turismo social en Argentina.
Por ahora, la única certeza llegó en forma de notificación. Diez días. El resto, incertidumbre.