El Gobierno fue a la Corte Suprema con un per saltum para destrabar la reforma laboral frenada por la Justicia

El Poder Ejecutivo Nacional interpuso un recurso extraordinario de per saltum ante la Corte Suprema para lograr la aplicación efectiva de la reforma laboral aprobada por el Congreso. La presentación la hizo la Procuración del Tesoro de la Nación con el objetivo de acelerar los tiempos judiciales, después de que un juez del fuero laboral suspendiera más de 80 artículos clave de la norma a pedido de la CGT.

La estrategia del Gobierno busca saltear instancias y llevar la discusión sobre la constitucionalidad de la ley directamente al máximo tribunal. En la Casa Rosada entienden que la cautelar dictada frena el núcleo de la reforma y traba uno de los ejes centrales de la gestión. Por eso decidieron apurar una resolución favorable sin esperar el recorrido habitual en tribunales inferiores.

En el escrito de 40 páginas, el Estado sostuvo que el magistrado actuó sin competencia y que la medida cautelar viola el principio de división de poderes. Según informó TN, el documento cuestiona que se suspenda una ley sancionada por el Congreso con efectos generales para todos los habitantes del país. Para la Procuración, la Justicia laboral no puede paralizar una norma de alcance colectivo sin un caso concreto.

La Procuración remarcó que la CGT impugnó diversos artículos “sin identificar un solo acto concreto de aplicación que le haya causado un perjuicio determinado”. Los representantes del Gobierno argumentaron que la mera vigencia de la norma no genera un daño actual que justifique la intervención judicial. Por eso pidieron que la Corte revoque la suspensión y habilite la aplicación plena de la reforma.

Entre los puntos frenados por la cautelar aparecen cambios centrales del proyecto: modificaciones en las indemnizaciones, nuevas modalidades de contratación, la creación de bancos de horas y límites a las contribuciones sindicales. La central obrera había argumentado que esas disposiciones vulneran derechos fundamentales consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y afectan la protección del trabajo.

El juez Raúl Horacio Ojeda, a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, fue quien dispuso la suspensión parcial de la ley. En declaraciones a Radio Rivadavia, defendió su decisión: “Es una medida extraordinaria para una situación extraordinaria”, dijo tras firmar la sentencia que paralizó la reforma. Desde el Gobierno replicaron que el fallo se basó en “afirmaciones meramente dogmáticas” y no tuvo en cuenta los argumentos oficiales.

En paralelo, el Ministerio de Capital Humano, bajo la conducción de Sandra Pettovello, logró que la jueza Macarena Marra Giménez acepte el planteo de inhibitoria sobre el caso. La magistrada ordenó el traslado del expediente al fuero Contencioso Administrativo Federal al considerar que se trata de un conflicto contra el Estado. Así, la disputa quedó también cruzada por la competencia entre fueros.

Mientras avanza la pelea judicial, el rechazo sindical a la reforma volvió a expresarse en el foro empresarial AmCham. Allí, el dirigente Jorge Sola cuestionó la ley impulsada por el Gobierno y advirtió que carece de una visión moderna del trabajo. Denunció la exclusión sindical en su elaboración y sostuvo que fue “una gran oportunidad perdida” por la imposibilidad de que todos los sectores se sienten a discutir.

“Los representantes de los trabajadores queremos una modernización laboral, pero no es algo que suceda con esta ley”, enfatizó Sola ante los empresarios. Afirmó que la normativa “no tiene ningún artículo que modernice el mundo del trabajo. No se habla de robótica, de IA, de nuevas tecnologías ni de nuevos modos de producción de bienes y servicios”. Para el referente gremial, la ley no va a generar mayor empleo ni formalización.

Sola cerró su intervención en el evento anual de la cámara estadounidense con una crítica al rumbo económico. “Esta ley no va a generar mayor trabajo ni formalización”, sentenció. Según el sindicalista, lo que se necesita es un proyecto de inversión productiva que hoy no existe ni en el discurso ni en la praxis del Gobierno.