Estafas desde la cárcel: una denuncia de Petrecca destapó una red que operaba con celulares

Una denuncia por estafas terminó por desnudar un problema mucho más profundo. El senador provincial Pablo Petrecca acudió el pasado 12 de marzo de 2026 al Ministerio Público Fiscal tras detectar que su imagen era utilizada en perfiles falsos de WhatsApp para engañar a comerciantes de Junín. El objetivo: obtener bienes mediante maniobras fraudulentas.

Lo que en principio parecía un caso aislado, rápidamente se convirtió en la punta de un iceberg. La investigación, encabezada por la DDI Junín con tareas de inteligencia criminal e intervención telefónica, permitió identificar una organización delictiva que operaba desde el interior del sistema penitenciario bonaerense.

Según se estableció, las maniobras eran coordinadas desde las Unidades Penales N° 13 y N° 16 de Junín, con ramificaciones en esa ciudad y en Pergamino. A partir de los avances en la causa, la Justicia ordenó allanamientos, detenciones y el secuestro de elementos clave, confirmando la existencia de una red organizada que utilizaba teléfonos móviles para cometer estafas desde el encierro.

El caso dejó al descubierto una problemática estructural: el uso de celulares dentro de las cárceles como herramienta para delinquir. Lejos de cumplir únicamente funciones de comunicación, estos dispositivos se han convertido en piezas centrales para la planificación y ejecución de delitos hacia el exterior.

De la investigación judicial a la iniciativa política hubo un paso casi inevitable. Con ese antecedente, Petrecca presentó un proyecto de ley que propone prohibir el uso de celulares personales en las cárceles bonaerenses y reemplazarlos por un sistema regulado de comunicación.

La propuesta plantea la creación del Sistema de Comunicación Digital Supervisada (SCDS), una plataforma institucional que funcionaría bajo una red cerrada, sin acceso a internet abierto ni redes sociales. El sistema permitiría únicamente contactos previamente autorizados, con trazabilidad y control estatal.

El proyecto establece, además, que la tenencia de celulares dentro de las unidades penitenciarias será considerada una falta grave, con impacto directo en beneficios como las salidas transitorias.

“Esto no es un hecho aislado. Es una modalidad que crece, se perfecciona y necesita una respuesta institucional clara. No se trata de eliminar la comunicación, sino de ordenarla y ponerla bajo control del Estado. Las cárceles no pueden funcionar como plataformas para delinquir”, sostuvo el senador.

El trasfondo es claro: un esquema que nació como excepción durante la pandemia en 2020 continúa vigente sin un marco legal sólido ni controles efectivos. En ese vacío, las comunicaciones intramuros se transformaron en una grieta por donde el delito encuentra nuevas formas de organización.

La discusión que abre el caso va más allá de un hecho puntual. Pone en el centro la capacidad del Estado para controlar lo que ocurre dentro de sus propias instituciones.