La falla de las perimetrales: impulsan una reforma para anticiparse al riesgo

En un contexto donde los casos de violencia de género siguen mostrando fallas estructurales en la prevención, la diputada bonaerense Silvina Nardini, del bloque Fuerza Patria, presentó un proyecto de ley que propone modificar el artículo 151 del Código Procesal Penal (ley 11.922) con el objetivo de ampliar los supuestos de detención del imputado.

La iniciativa apunta específicamente a los casos en los que ya existe una medida cautelar de protección a la víctima, como una restricción perimetral o prohibición de contacto. En esos escenarios, la propuesta busca habilitar la detención del acusado como herramienta preventiva, antes de que se produzcan nuevos episodios de violencia.

Según los fundamentos del proyecto, “resulta necesario incorporar como nueva causal de detención aquellos casos en que exista violencia contra la mujer y el imputado haya sido previamente notificado de una medida de protección”, con el fin de evitar situaciones que puedan escalar hacia consecuencias irreparables.

El texto establece que la detención no será automática ni arbitraria. Deberá ser solicitada por el fiscal interviniente y ordenada por un juez, siempre que existan indicios suficientes o elementos contundentes sobre la comisión del delito y la participación del imputado. Además, la orden deberá ser escrita, fundada y contener los datos necesarios para identificar al acusado, garantizando así el debido proceso.

Uno de los puntos clave del proyecto es que no alcanza con una denuncia para detener a una persona. La propia Nardini lo subraya al señalar que la medida busca actuar en situaciones donde “ya existe una restricción judicial vigente que podría estar en riesgo de ser incumplida”, lo que introduce un criterio de riesgo concreto y no meramente declarativo.

En paralelo, la iniciativa mantiene el principio general de que no corresponde la detención en delitos cuya pena no supere los tres años de prisión. Sin embargo, abre una excepción cuando existan antecedentes que impidan una condena condicional o cuando se verifiquen riesgos procesales, como la posibilidad de fuga, el entorpecimiento de la investigación o la manipulación de pruebas.

La propuesta se inscribe en un debate más amplio sobre la eficacia de las medidas de protección vigentes en casos de violencia de género. En la práctica, muchas de estas restricciones terminan siendo vulneradas sin consecuencias inmediatas, lo que expone a las víctimas a situaciones de alto riesgo.