Buscan restringir la excarcelación en delitos cometidos por “motochorros” en la Provincia

Frente a los elevados índices de inseguridad, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires volvió a poner el foco sobre una de las modalidades delictivas más extendidas en zonas urbanas: los robos cometidos por “motochorros”. En ese marco, el senador de Unión por la Patria, Fernando Coronel, presentó un proyecto que propone restringir la excarcelación en este tipo de casos, incorporando nuevos criterios al Código Procesal Penal bonaerense.

La iniciativa parte de un diagnóstico que, a esta altura, nadie discute demasiado: el crecimiento sostenido de delitos cometidos con motocicletas, especialmente en el Conurbano, donde los arrebatos y asaltos callejeros combinan velocidad, violencia y una alta capacidad de fuga. Según plantea el legislador, estas características no solo incrementan el riesgo para las víctimas, sino que también complejizan la tarea de prevención y persecución penal.

En los fundamentos del proyecto, Coronel advierte que este tipo de delitos presenta “riesgos procesales concretos” que hoy no están debidamente contemplados en la normativa vigente. Si bien el Código Procesal Penal ya habilita a fiscales y jueces a evaluar situaciones de peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación —en artículos como el 148, 171 y 180—, la falta de criterios específicos genera, según el senador, interpretaciones dispares y decisiones contradictorias.

Qué cambia con la propuesta

El eje central de la iniciativa es la modificación del artículo 171 del Código Procesal Penal bonaerense. El objetivo es que los jueces cuenten con parámetros más claros al momento de resolver sobre la excarcelación de imputados en este tipo de delitos.

En concreto, el proyecto establece que podrá denegarse la excarcelación cuando existan indicios firmes de que el acusado intentó evadir la acción de la Justicia o podría obstaculizar la investigación penal. Entre esos indicios, se incluyen conductas como intentar fugarse al momento de la aprehensión, esquivar controles policiales o desobedecer procedimientos.

Además, se incorpora un elemento clave: el uso de motocicletas como medio para cometer el delito. En estos casos —ya sea para facilitar el ataque, la huida o cualquier otra instancia de la ejecución—, esta circunstancia podrá ser considerada como un indicio de riesgo de fuga.

El proyecto también contempla situaciones vinculadas a la portación ilegítima de armas de fuego, otro factor que, según el texto, agrava el escenario y puede ser tenido en cuenta al momento de evaluar la libertad del imputado.

Entre la seguridad y las garantías

Uno de los puntos que el propio Coronel busca dejar a salvo es que la iniciativa no implica una eliminación del régimen de excarcelación ni una vulneración del principio de inocencia. Es decir, no se trata de una prohibición automática ni de una pena anticipada.

Por el contrario, el texto se presenta como una herramienta orientada a dotar de mayor claridad al sistema judicial, permitiendo que los jueces cuenten con criterios objetivos para evaluar el riesgo procesal en casos que, por su dinámica, presentan mayores dificultades.

“El objetivo es evitar decisiones arbitrarias o contradictorias”, sostiene el senador en los fundamentos, al tiempo que remarca que la propuesta preserva la independencia judicial y el debido proceso.

En otras palabras, no se busca cerrar la puerta de la excarcelación, sino definir mejor cuándo conviene no abrirla.