miércoles 15 de abril de 2026
- Edición Nº2688

Provincia

Debate caliente

Alertan por una ola de desalojos: la reforma sobre propiedad privada pone en jaque a millones

13:27 |Organizaciones sociales advierten que el proyecto del Gobierno podría eliminar la protección vigente contra desalojos y dejar a más de un millón de familias expuestas. El oficialismo defiende la medida y apunta contra las ocupaciones ilegales.



El debate por la llamada ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” volvió a instalar una tensión estructural en la Argentina: el derecho a la propiedad frente al derecho a la vivienda. Pero esta vez, con una variable que enciende alarmas concretas: los desalojos.

Mientras el Senado retoma el tratamiento en comisión, organizaciones sociales y de derechos humanos advierten que la iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei podría abrir la puerta a una escalada de desalojos en barrios populares de todo el país.

El punto más crítico del proyecto es la eliminación de uno de los pilares de la Ley 27.453, sancionada en 2018: la suspensión de desalojos en barrios incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Esa normativa había establecido un marco de protección temporal para más de un millón de familias, mientras avanzaban los procesos de urbanización y regularización dominial. Sin esa barrera legal, el escenario cambia drásticamente.

Desde organizaciones como TECHO, Cáritas, UTEP, CELS y Hábitat para la Humanidad advierten que la reforma “suprime una condición indispensable para garantizar estabilidad”, y podría dejar a millones de personas expuestas a perder sus viviendas sin alternativas inmediatas.

El diagnóstico es directo: sin suspensión de desalojos, los procesos judiciales podrían acelerarse y ejecutarse en plazos mucho más cortos, en contextos donde las condiciones habitacionales ya son precarias.

Desalojos exprés y cambio de paradigma

El proyecto oficialista no solo elimina la suspensión vigente, sino que además introduce modificaciones en los códigos Civil y Procesal que buscan acelerar los tiempos judiciales.

Según lo planteado por el Gobierno, la intención es habilitar procedimientos “sumarísimos” que permitan desalojar ocupaciones en menos de cinco días y restituir rápidamente los inmuebles a sus propietarios.

La narrativa oficial pone el foco en combatir lo que define como “el flagelo de las ocupaciones ilegales”. En esa línea, sostienen que la falta de herramientas ágiles para desalojar genera incertidumbre jurídica y termina impactando en el precio de los alquileres.

Pero del otro lado, el diagnóstico es completamente distinto.

Las organizaciones advierten que esa lógica desconoce la complejidad social de los barrios populares, donde muchas familias no ocupan por especulación sino por necesidad estructural, en un contexto de déficit habitacional histórico.

El riesgo de un retroceso estructural

La eliminación de la suspensión de desalojos no es un cambio aislado. Forma parte de un paquete más amplio que también limita la capacidad del Estado para intervenir sobre tierras mediante expropiaciones y debilita los procesos de integración socio-urbana.

En términos concretos, implica desarticular el esquema que hasta ahora combinaba tres elementos: protección frente a desalojos, reconocimiento de la vivienda familiar y un proceso progresivo hacia la titularidad de la tierra.

Sin ese trípode, el sistema queda reducido a la lógica del mercado y de las decisiones locales, ya que la propuesta también traslada gran parte de la responsabilidad a provincias y municipios.

Para las ONG, eso implica perder el rol articulador del Estado nacional, que había sido clave en la entrega de más de 800 mil certificados de vivienda y en la contención de conflictos territoriales.

Una discusión que excede lo legal

El debate no es técnico. Es profundamente político y social. De un lado, el Gobierno plantea que la normativa vigente fracasó y que es necesario ordenar el sistema con reglas más claras y rápidas para proteger la propiedad privada.

Del otro, las organizaciones advierten que la reforma podría traducirse en una crisis habitacional más aguda, con desalojos masivos en un contexto de pobreza creciente y sin políticas de contención.

En el medio, millones de personas que hoy habitan en la informalidad y cuya estabilidad depende, en gran medida, de que esa suspensión de desalojos siga vigente.

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