Falsas denuncias: advierten que el proyecto es “regresivo” y puede desalentar a víctimas de violencia de género

El avance en el Senado de un proyecto de ley que propone endurecer las penas por falsas denuncias en casos de violencia de género reactivó una discusión sensible: qué problemas decide priorizar el sistema penal y con qué evidencia. Desde el Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, la respuesta fue contundente: no hay datos que justifiquen la reforma y sus efectos podrían ser regresivos.

La ministra Estela Díaz fue una de las voces más críticas. En declaraciones a Radio Provincia, sostuvo que la iniciativa impulsada por la senadora Carolina Losada “es muy grave” y la inscribió en un clima político más amplio. “Este proyecto de ley es parte de una campaña general que está llevando a cabo el gobierno de Milei, que es negar que la violencia de género existe. Pone en duda, revictimiza a quien la sufre e invierte la carga”, afirmó.

El eje de la crítica oficial se apoya en un punto central: la ausencia de evidencia que respalde la necesidad de una reforma penal de este tipo. Según Díaz, en Argentina no existen investigaciones que indiquen un problema extendido de falsas denuncias en violencia de género, y a nivel global estos casos representan apenas el 1%. “No estamos frente a un problema de proporciones”, remarcó.

En la misma línea, el Ministerio de Mujeres bonaerense emitió un comunicado en el que rechaza el dictamen favorable del proyecto. Allí advierte que la iniciativa “no cuenta con sustento empírico” y que destinar recursos de política criminal a un fenómeno no demostrado constituye una decisión “arbitraria y discriminatoria”.

Pero la discusión no se agota en la falta de datos. Desde una perspectiva de género, el organismo plantea que el proyecto implica un retroceso en el acceso a la justicia. Recuerda que mujeres, niñas, niños y adolescentes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, reconocida por tratados internacionales y normativa nacional vigente, lo que exige una protección reforzada por parte del Estado.

En ese marco, advierten que la amenaza de criminalización por una eventual “falsa denuncia” puede generar un efecto disuasorio. Es decir, desalentar a víctimas a denunciar por miedo a no poder probar los hechos o a enfrentar consecuencias penales. “Ignorar las deficiencias en las investigaciones, la falta de experticia y las fallas en el abordaje de estos casos solo promueve la revictimización y el temor a ejercer el derecho de acceso a la justicia”, señala el documento.

Otro de los puntos críticos es el impacto sobre la producción de prueba en el proceso penal. El Ministerio cuestiona un “grave error conceptual” del proyecto: equiparar la falta de prueba —frecuente en delitos que ocurren en ámbitos íntimos y sin testigos— con la falsedad de la denuncia. En lugar de fortalecer las herramientas de investigación, la iniciativa pone el foco en quienes denuncian.

La advertencia se extiende también a actores clave del sistema judicial. Según el comunicado, el endurecimiento de penas podría afectar la participación de testigos, peritos médicos y profesionales de la salud mental, fundamentales para acreditar hechos en este tipo de causas. “Desincentivar su intervención debilita estructuralmente la capacidad del sistema judicial para investigar y sancionar estos delitos”, sostienen.

Desde el enfoque de derechos humanos, el rechazo es aún más categórico. El Ministerio considera que el proyecto refuerza estereotipos históricos que presentan a las mujeres como mentirosas o fabuladoras, sin respaldo empírico. Además, advierte que contradice compromisos asumidos por Argentina en el marco de la Convención de Belém do Pará, la CEDAW y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obligan al Estado a actuar con debida diligencia reforzada ante casos de violencia de género.

El documento también pone el foco en las infancias. Señala que la reforma desnaturaliza el bien jurídico protegido en las figuras de falsa denuncia y falso testimonio, y que, en la práctica, podría habilitar mecanismos de persecución penal que operen como formas de disciplinamiento y silenciamiento. “Deja sin protección a niños, niñas y adolescentes”, advierten.

Lejos de resolver problemas del sistema judicial, el Ministerio entiende que la iniciativa podría agravarlos. El aumento de la litigiosidad y la sobrecarga de causas desviaría recursos que deberían destinarse a mejorar la investigación, la protección de las víctimas y la resolución efectiva de los casos.

En ese sentido, el organismo propone un camino alternativo: fortalecer el acceso a la justicia a través de políticas públicas concretas, como el patrocinio jurídico gratuito, la conformación de equipos técnicos especializados con perspectiva de niñez y género, la capacitación de operadores judiciales, la reducción de los tiempos procesales y una coordinación interinstitucional efectiva.

El debate recién empieza, pero el diagnóstico ya está sobre la mesa: cuando el foco se corre de las víctimas hacia quienes denuncian, el riesgo no es solo jurídico. Es social.