Buscan habilitar concejales desde los 18 años y reabre el debate sobre la representación juvenil

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires comenzará a analizar un proyecto que propone reducir a 18 años la edad mínima para asumir como concejal en los deliberativos municipales. La iniciativa, presentada por los legisladores de La Libertad Avanza Pablo Morillo, junto a Luis Ontiveros y Juanes Osaba, busca modificar parcialmente la Ley 14.523 y alinear los requisitos de acceso a cargos públicos con la mayoría de edad vigente en el país.

De avanzar el planteo, cualquier ciudadano mayor de 18 años podría postularse a una banca, siempre que cumpla con condiciones básicas: saber leer y escribir, residir en el distrito correspondiente y acreditar al menos un año de domicilio previo a la elección. En el caso de los extranjeros, el proyecto fija requisitos más exigentes, como cinco años de residencia y la inscripción formal en los registros correspondientes.

El eje argumental de la propuesta gira en torno a lo que sus autores definen como un “desfasaje normativo” que persiste desde hace más de una década. Según explican, si bien la ley fue sancionada durante la gestión de Daniel Scioli, nunca se concretó el plebiscito previsto para su plena implementación, una instancia que ahora buscan reactivar para ordenar el esquema legal vigente.

El debate, sin embargo, excede lo técnico. Uno de los puntos más sensibles es la contradicción entre distintas normas: mientras la Constitución bonaerense —con raíces en el siglo XIX— establece en 25 años la edad mínima para ser concejal, otros cargos públicos presentan requisitos considerablemente menores. Para ser diputado provincial se exigen 22 años, y para consejero escolar apenas 18.

Esa coexistencia de criterios dispares es, para los impulsores del proyecto, una señal clara de que el sistema necesita ser armonizado. En ese sentido, sostienen que habilitar el acceso a jóvenes desde los 18 años no solo resolvería inconsistencias legales, sino que también permitiría ampliar la representación y fomentar una renovación generacional en los espacios de decisión local.

En el trasfondo aparece una discusión más profunda: quiénes están habilitados a tomar decisiones públicas y en qué momento de su vida. La propuesta abre la puerta a que jóvenes que hoy pueden votar, trabajar y asumir responsabilidades civiles plenas también puedan ocupar cargos electivos en sus comunidades.