viernes 12 de junio de 2026
- Edición Nº2746

Provincia

Repercusiones

La Cámara Federal revocó el embargo de $160 mil millones contra la Provincia por obras de saneamiento

04/04/2026 09:56 | El tribunal consideró que la medida cautelar no era adecuada para asegurar el cumplimiento de las obras y propuso alternativas para avanzar en la solución del conflicto ambiental.



La Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó parcialmente la decisión que había dispuesto un embargo por más de 157 mil millones de pesos contra la Provincia de Buenos Aires en el marco de una causa por la contaminación del Arroyo El Gato.

El tribunal consideró que la medida cautelar adoptada en primera instancia no resultaba adecuada para asegurar el cumplimiento de las obras de saneamiento y propuso, en cambio, una serie de herramientas alternativas para avanzar en la solución del conflicto ambiental.

El fallo, firmado por los jueces Carlos Vallefín y Roberto Lemos Arias, se dictó a partir del recurso presentado por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires contra la resolución del Juzgado Federal N° 4 de La Plata.

La causa se originó por una acción promovida para proteger el curso hídrico que atraviesa la región platense. En 2021, el juez de grado había hecho lugar a una medida cautelar que obligaba tanto a la Provincia como al municipio a implementar acciones concretas.

El juez había ordenado la inclusión de las partidas necesarias en el presupuesto provincial, pero ante el incumplimiento de este punto, se avanzó con el embargo como forma de garantizar los fondos.

La Provincia cuestionó la decisión al sostener que afectaba la división de poderes, desconocía el contexto de emergencia vigente y violaba normas locales que restringen este tipo de medidas sobre recursos públicos destinados a servicios esenciales.

Al analizar el caso, la Cámara puso el foco en el principio de idoneidad de las medidas cautelares, enmarcado dentro del test de proporcionalidad.

El tribunal concluyó que el embargo no garantizaba por sí mismo la ejecución de las obras y, además, podía interferir con otras funciones estatales relevantes.

La Cámara ordenó al juez de primera instancia convocar a una audiencia con las partes y requerir a la Provincia la presentación de un plan integral de obras, con plazos concretos y modalidades de ejecución.

Finalmente, el tribunal sugirió la posibilidad de conformar una mesa de trabajo para supervisar el avance y coordinar acciones para solucionar el conflicto ambiental.

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