El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, volvió a quedar en el centro de la escena tras cuestionar la regulación de la actividad turística en la provincia de Buenos Aires y referirse a la existencia de una supuesta “mafia” vinculada al Consejo Profesional de Guías. La declaración, fiel al estilo de dinamitar primero y explicar después, activó una respuesta inmediata tanto del gobierno bonaerense como de trabajadores del sector.
El disparador fue un caso puntual: un tour sobre arquitectura y literatura francesa en La Plata que, según el funcionario, una docente de la Universidad Nacional de La Plata no habría podido realizar por no contar con matrícula habilitante. A partir de ese ejemplo, Sturzenegger apuntó contra el sistema de regulación profesional, en línea con la lógica desreguladora que impulsa el Gobierno nacional.
La reacción en la Provincia no tardó en aparecer. Desde la Subsecretaría de Turismo bonaerense, conducida por Soledad Martínez, calificaron los dichos como “inaceptables” y exigieron una rectificación pública. En un comunicado, defendieron a los guías turísticos y remarcaron que se trata de trabajadores formados que cumplen un rol clave en la difusión del patrimonio cultural, histórico y productivo.
Regulación vs. desregulación: el eje de fondo
El conflicto no gira únicamente en torno a un tour frustrado. Detrás aparece una discusión más estructural sobre cómo debe organizarse la actividad turística. En la provincia de Buenos Aires, el ejercicio de los guías está regulado por la Ley 12.484, que establece la obligatoriedad de la matriculación y define sus funciones, y por la Ley 14.799, que ordena el conjunto de profesiones del sector.
Ese marco legal es el que la administración de Axel Kicillof y las entidades profesionales ponen sobre la mesa para sostener que la actividad requiere estándares mínimos de formación, habilitación y responsabilidad. La idea, bastante poco revolucionaria, es que no cualquiera improvise como guía en un área que involucra patrimonio, seguridad y experiencia del visitante.
Desde la óptica del Gobierno nacional, en cambio, estas regulaciones son vistas como barreras de entrada que limitan la oferta y encarecen la actividad. El planteo de Sturzenegger se inscribe en esa lógica: reducir requisitos para ampliar el acceso al mercado. Un clásico choque entre “liberar” y “regular”, que en Argentina ya es casi un deporte de contacto.
Un conflicto técnico que se volvió político
El cruce también tiene un componente político imposible de disimular. Sturzenegger es uno de los principales arquitectos del plan de desregulación del Ejecutivo de Javier Milei, mientras que la administración bonaerense viene marcando distancia en cada frente donde puede.
En La Plata, el episodio fue leído como otro capítulo de esa tensión. La respuesta contundente del gobierno provincial no solo buscó defender a los trabajadores del sector, sino también posicionarse frente a una agenda nacional que consideran riesgosa en términos laborales y de calidad de servicios.
En ese marco, la discusión escaló rápidamente: dejó de ser una cuestión técnica sobre habilitaciones y pasó a convertirse en un debate más amplio sobre el rol del Estado, la profesionalización y los límites de la desregulación.