Guerra por los fondos: Buenos Aires reclama $22 billones y apunta al superávit de Milei

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, fue el encargado de ponerle cifra al conflicto: “Desde la asunción del Gobierno nacional, la provincia lleva perdidos $22,2 billones por recortes de programas, obras paralizadas, deudas directas y el impacto de la política económica que deteriora la producción y la recaudación tributaria”.

Según el desglose oficial, el impacto acumulado incluye $2,3 billones por caída de recaudación propia; $3,1 billones por discontinuidad o retraso de programas nacionales; $3,8 billones en deudas directas y $4,3 billones por pérdidas de recursos nacionales. En paralelo, la Provincia sostiene que el monto adeudado –sin contar la menor recaudación– explica cerca del 50% del superávit primario nacional acumulado desde 2024.

Para dimensionar el planteo, López comparó: los $22,2 billones equivalen a ocho años de inversión en obra pública provincial, a la mitad del presupuesto total bonaerense o a más de un año completo de recaudación propia. En términos físicos, aseguró, representarían más de 15.000 kilómetros de rutas. Nada modesto el número.

El ministro fue más allá y calificó la situación como un “ahogo financiero inédito”, al tiempo que acusó a la Casa Rosada de retirarse de funciones centrales del Estado mientras, simultáneamente, reduce o retiene fondos destinados a educación, salud, seguridad y obras de infraestructura. “El superávit nacional es deuda con las provincias”, lanzó, en una frase que resume la estrategia política del oficialismo bonaerense.

Siete demandas en la Corte Suprema

La disputa ya está judicializada. La administración de Kicillof formalizó siete demandas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar la restitución de fondos que considera retenidos ilegalmente.

El expediente más voluminoso apunta a una deuda previsional de la ANSES por $1,6 billones, destinada a compensar el déficit de la caja jubilatoria bonaerense. En las presentaciones, el gobernador y el fiscal de Estado, Hernán Gómez, solicitaron que el máximo tribunal convoque a una audiencia de conciliación, en línea con antecedentes aplicados a otras provincias.

El reclamo judicial se organiza en tres ejes: deudas directas por transferencias no realizadas (incluyendo fondos de educación y salud); obras públicas paralizadas como Procrear, Casa Propia y proyectos viales; y programas discontinuados, entre ellos el Fondo de Incentivo Docente y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal.

En el Presupuesto 2026, la Provincia incluyó la creación de un Fondo de Recupero de Deudas, un instrumento contable para administrar los recursos que eventualmente ingresen si la Justicia falla a su favor. Traducido: el Ejecutivo bonaerense ya presupone que la discusión terminará en tribunales.

Desde La Plata advierten que, mientras la Corte no defina la competencia y avance en los expedientes, el impacto se siente en el pago de jubilaciones y en el sostenimiento de servicios básicos. “No estamos pidiendo recursos extraordinarios, estamos reclamando lo que por ley le pertenece a los bonaerenses”, sostuvo Kicillof en una de sus últimas conferencias.